Tras la solicitud de quiebra presentada por el abogado Arturo Araya, en contra de la empresa operadora del transporte capitalino, Gran Santiago, que establecía que la empresa sostenía una deuda de $22.000 millones de pesos con sus trabajadores, la empresa sindicada, desmintió inmediatamente dicha acusación.
"Buses Gran Santiago no registra deudas previsionales ni salariales con ninguno de sus 4.000 empleados" señaló la firma en un comunicado emitido este jueves.
Asimismo, el escrito señalaba que "no entendemos el origen ni el objetivo de la acción judicial, la cual se basa sobre hechos absolutamente falsos, y de la cual no hemos sido notificados. Somos una empresa con números públicos, nuestros flujos financieros se encuentran disponibles en la Superintendencia de Valores y Seguros" argumentó la empresa demostrando transparencia y responsabilidad.
Ante esta acusación, la firma del transporte lamentó lo acontecido y estableció que este tipo de acciones pueden fundamentarse "para obtener beneficios personales o electorales". Por lo que Gran Santiago aseguró que tomarán "las medidas necesarias para aclarar esta situación".