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REGÍSTRATE AQUÍFirma logró apoyo de 47,3% de las acreencias para prorrogar en un mes junta donde se votará propuesta de reorganización.
Por: María José blanco y Vicente Vera
Publicado: Viernes 14 de febrero de 2020 a las 04:00 hrs.
En plena temporada navideña de 2019, la decisión de Ad Retail de acogerse al proceso de reorganización judicial para evitar la quiebra de sus filiales ABCDin y Dijon, tomó por sorpresa a muchos actores de la industria.

Si bien el desempeño económico de la firma ligada a la familia Santa Cruz no marchaba bien desde 2017 -al tercer trimestre del año pasado tenía pérdidas por $ 10.455 millones-, el repentino aviso a través de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en alerta a la banca y otras entidades financieras sobre la situación de cadenas medianas y regionales.
Y al ser la primera compañía de la industria de consumo masivo y minorista que abre un proceso para evitar la quiebra, poniendo de fondo la difícil situación derivada del 18 de octubre (18-O), fuentes pertenecientes al ámbito financiero indicaron que “esto marcará un rumbo dentro del sector”, principalmente por la disposición de financiamiento a futuros proyectos.
De hecho, otras fuentes del sector explican que ya se estarían viendo restricciones en las líneas de créditos de otras empresas más pequeñas, especialmente fuera de Santiago.
No obstante, el analista de Renta 4, Guillermo Araya, dice que “la realidad de Ad Retail no puede extrapolarse al resto de las empresas del retail, sobretodo porque muchas de ellas están orientadas a segmentos objetivos diferentes”. Tal es el caso de Falabella, Cencosud y Ripley con un segmento más ABC1, seguida de las minoristas Hites, Tricot, La Polar y Corona.
“Uno debe extrapolar la situación financiera de Ad Retail con otras compañías orientadas a sectores de menor ingreso”, añadió Araya.
En medio de la incertidumbre y predicciones de lo que podrá pasar los siguientes meses, el 12 de febrero, el abogado representante de Ad Retail, Juan Esteban Puga, solicitó ante el 21° Juzgado Civil de Santiago que la junta de acreedores de ABCDin fijada para principios de marzo, se pospusiera en 30 días hábiles.
A pesar de que al cierre de esta publicación el tribunal no se había pronunciado frente a la solicitud, el abogado señaló que más del 30% de los acreedores no relacionados apoyaban el cambio de fecha.
“El pasivo a considerar para determinar el quórum para prorrogar asciende a la suma de $ 196 mil millones, menos el pasivo de $ 99 mil millones (de entidades relacionadas), lo que arroja un total bruto de $ 96.621.795.862”, dice en el documento.
De este modo, la empresa sumó apoyos por el equivalente a $ 45 mil millones, que representa el 47,53% del total pasivo con derecho a voto.
Dicha instancia es clave y ya que se votará la propuesta de reorganización que se deberá dar a conocer unos días antes. Por esto, la solicitud también sugiere cambio del lugar de la reunión “por uno más espacioso, pues la sala de audiencia del tribunal no dará abasto para recibir a la esperable numerosa concurrencia”.
En el marco de los procesos de reorganización de ABCDin y Dijon, donde cerca de 120 empresas han reportado a la justicia acreencias, Banco Internacional informó montos por un total de $ 2.714 millones.
Aunque las firmas no tienen deudas directas con el banco, la entidad figura en ese listado dado que AD Retail es aval de Cofisa, sociedad que se dedicada a otorgar servicios financieros, y que tiene relación con con la entidad bancaria.
En el proceso, a diciembre BCI tenía acreencias directas por unos $ 15.000 millones, Security por $ 9.000 millones y Scotiabank y Banco Consorcio por $ 5.000 millones cada uno.
Toma fuerza la idea de que, en primer lugar, el cargo sea nombrado por Alta Dirección Pública (ADP). Además, piden dejar sin efecto y revisar una serie de dictámenes controversiales.
La entidad de educación parvularia recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir una “condena real de más de $ 1.800 millones”, la que considera “absolutamente expropiatoria, ilegal, injusta y abusiva”.
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
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