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REGÍSTRATE AQUÍPor: La República, Colombia.
Publicado: Viernes 4 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
Los bienes de La Polar en sus sedes de Colombia no alcanzan para cubrir las deudas que la compañía de origen nacional tiene en territorio colombiano.
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades de Colombia, la firma que empezó sus operaciones en ese país en 2010, tenía hasta finales de abril de este año un total de $ 63.446 millones (de pesos colombianos) en activos, mientras que en pasivos la cifra estaría por encima de los $ 89.640 millones, o sea que le faltarían más de $ 26.194 millones para quedar al día con las obligaciones que hasta hoy mantiene pendientes.
El especialista en bolsa de la Universidad de los Andes (en Colombia), Alfredo Berragán, dice que los excedentes podrían ser asumidos por la sede matriz, pero de acuerdo con el reporte, a ellos ya les adeudan más de $ 47.556 millones.
La situación de La Polar está complicada y en el informe firmado por Angela María Echeverri, superintendente delegada para procedimientos de insolvencia, se aclara que la empresa tiene varias obligaciones vencidas desde hace más de 90 días en Colombia.
Del monto total de activos, solo $ 4.031 millones están en efectivo. ¿A quién deberían entregarse? ¿Cuáles deben ser las prioridades de pago entre los empleados, créditos y otros pendientes de la compañía? Daniel Santiago Acevedo, abogado experto en derecho laboral, explica que de acuerdo con la Ley de insolvencias en su artículo 4, todos los bienes deberán ser distribuidos en igualdad de condiciones entre los colaboradores que quedaron cesantes y otros afectados, tras la liquidación judicial.
El experto dice que cuando una empresa entra en proceso de liquidación forzosa, lo primero que se debe hacer es definir la prioridad de pagos y para efectos de la normativa colombiana, los empleados y los impuestos que tengan pendientes, serán prioritarios.
Luego vendrían los créditos u obligaciones financieras, que en este caso ascienden a $ 20.759 millones, destacándose como uno de las mayores obligaciones.
Profesionales enfatizan que la coordinación institucional que requiere la defensa en estos casos es fundamental. En tanto, también acusan ciertas barreras que les impide ejercer su rol de mejor manera.
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