El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó hoy que presentó en la Fiscalía Oriente del Ministerio Público una denuncia en contra de los hermanos Maxo y Alberto Calderón Crispín, ex controladores de la empresa Johnson's y ligados a la propiedad de Ripley.
La repartición busca una investigación como presuntos autores de delito tributario cometido mediante el uso irregular del beneficio del artículo 14 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, con el objetivo de evitar el pago del impuesto correspondiente a la enajenación de 387 millones de acciones de Ripley, generando un perjuicio fiscal estimado inicialmente en $12 mil 200 millones.
La denuncia, dirigida en contra de las personas indicadas y de quienes resulten responsables, fue presentada en la Fiscalía el 28 de abril pasado, con el objeto que se investigue la comisión de los delitos previstos y sancionados en el inciso 1, del N°4, del artículo 97 del Código Tributario, norma que sanciona, entre otras conductas, la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.
El caso surgió de una fiscalización efectuada por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, procedimiento en el cual se determinó la existencia de antecedentes relacionados con hechos que revisten el carácter de delito tributario, razón por la cual, previa recopilación de antecedentes adicionales y evaluación por parte de la Subdirección Jurídica del Servicio, se decidió presentar la denuncia formal.
La auditoría especializada del SII dio cuenta de la existencia de operaciones de reorganización empresarial sin una razón de negocios y la constitución de sociedades instrumentales (con un capital inicial de sólo 100 mil pesos), para acogerlas a los beneficios del régimen de tributación simplificada del artículo 14 bis y recibir a través de ellas el mayor valor generado por la venta de 387 millones de acciones de la empresa Ripley Corp SA, acciones que se habrían efectuado con el único fin de burlar el Impuesto a la Renta que generaría la operación.
De acuerdo a las primeras estimaciones, el perjuicio fiscal producido por estas acciones ilícitas alcanza a un monto inicial de $12.292 millones, cifra que podría elevarse en la medida de que avance la investigación judicial.
Cabe señalar que en la actualidad el Servicio se encuentra tramitando más de 540 causas criminales por delitos tributarios a nivel nacional, que involucran un perjuicio fiscal superior a los $156 mil millones.
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