Michael Jacob, juris doctor de Georgetown University, fue miembro del equipo de abogados que derrotó a Microsoft en una serie de demandas que se desarrollaron entre 2004 y 2007 en el estado de Iowa por monopolio y restricciones abusivas en su sistema operativo.
Ahora, el abogado irrumpió en el juicio donde la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusa a Cencosud, SMU y Walmart de conformar un cartel a través de sus proveedores para manejar el precios de la carne de pollo.
Esto, porque el organismo antimonopolio le encargó un estudio para contrarrestar uno que había presentado Walmart en el caso que se lleva en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
La conclusión es tajante. “Para la jurisprudencia norteamericana, por regla general, una empresa será considerada responsable de las conductas de sus empleados (…), incluso en oposición a las directrices impuestas por la primera”, dice Jacob.
Hace unas semanas Walmart había entregado informes de defensa, donde acusaba falta pruebas suficientes para involucrar a la compañía con las acciones realizadas por sus colaboradores y ejecutivos, argumentando además que tenían políticas internas en contra de estas prácticas.
El análisis elaborado por Jacob se centra en tres aspectos: las políticas de la empresa, la responsabilidad de esta en cuanto a sus empleados y la opción de que los programas posteriores a la acusación actúen como atenuantes.
Sobre el primero, el argumento central de la compañía se basa en que “han cumplido con aquello que le es exigible en cuanto a fijar sus políticas en materia de libre competencia, informar y entrenar a sus colaboradores en su respeto”.
A esto, el abogado responde que es común que se utilicen estos programas a modo de defensa, pero que eso no exime de responsabilidad a la empresa si sus empleados actuaron dentro de sus labores. La doctrina estadounidense -agrega- establece su culpabilidad.
A modo de ejemplo, se alude otros casos donde se ha aplicado dicha doctrina, como el del hotel Hilton, donde un representante de compras participó en un boicot ilegal y la cadena hotelera fue responsabilizada.
Sobre los programas implementados después de iniciada la investigación (que comenzó en diciembre de 2011), el abogado agregó que “no conozco caso alguno en que un tribunal de los EEUU haya tomado en cuenta medidas posteriores al momento de decidir si la conducta de un empleado puede o no ser atribuida a una sociedad”.
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