La empresa Ariztía -la segunda mayor avícola del país- inició un proceso en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP, o ChileCompra), luego que ésta la dejara fuera de una millonaria licitación para proveer de alimentos a organismos estatales.
$ 25.131 MILLONES SUMAN LOS CONTRATOS DE ARIZTÍA CON EL ESTADO
Se trata de la licitación Convenio Marco de Alimentos, lanzada en septiembre del año pasado, cuyo objetivo -según detalló ChileCompra- es disponer para los organismos del Estado de una oferta de alimentos perecibles, no perecibles y congelados en la tienda de Convenios Marco de la plataforma por montos superiores a 10 UTM y un máximo de 25 mil UTM.
Como parte del proceso, la DCCP declaró inadmisible las 1.947 ofertas presentadas por Ariztía Comercial, para productos que requieren frío para su conservación. ¿El motivo? No presentó el contrato con el transportista, requerido en el concurso.
Frente a esto, la empresa presentó una impugnación en contra de la decisión de ChileCompra ante el Tribunal de Contratación Pública: solicitó que sean admisibles sus ofertas y que se le declare adjudicataria de la licitación.
Ésta se lanzó encontrándose vigente el Convenio Marco de Alimentos iniciado en 2017, en el cual Ariztía “participa activamente”, según dijo la propia empresa, la cual destacó ser la segunda mayor avícola del país, con más de 5.200 empleos directos, 15 instalaciones industriales, 980 granjas y una red de distribución nacional que abarca 50 mil clientes.
“Documento sí existe”
Luego, la firma se refirió a su participación en Mercado Público: “El año 2024, Ariztía se adjudicó el 14,4% de las compras públicas en las categorías en las que participa, el 19,5% de las compras de carne de pollo y el 25,7% de las compras de carne de pavo”.
En esta línea, la empresa dijo que, desde 2018, ha suscrito contratos con el Estado por $ 25.131 millones, de los cuales el 95% han sido efectuados mediante la modalidad de Convenio Marco.
“Lo que se viene exponiendo es relevante, pues, como se verá, para proceder a adjudicar un contrato por parte del Estado debe considerarse especialmente la capacidad técnica, económica y financiera de quien participa en la licitación, características que Ariztía cumple por mucho en el caso del Convenio Marco al que nos estamos refiriendo”, dijo la compañía.
Y añadió: “El hecho que por un mero error administrativo y/o tecnológico no se haya ingresado a la plataforma digital un documento que da cuenta de un hecho absolutamente insustancial y que en nada incide en la capacidad de cumplimiento del licitante, no puede ser un argumento para excluir de manera desproporcionada, arbitraria e ilegalmente a Ariztía de un proceso licitatorio tan relevante para las necesidades que debe cumplir el Estado en materia de suministro de alimentos”.
La compañía insistió que “la omisión de un contrato con un transportista” no reviste la gravedad o importancia suficiente para declarar la inadmisibilidad de las ofertas. “Tan solo teniendo como argumento un error casi de manejo tecnológico como fue que el contrato con el transportista no fue subido a la plataforma digital respectiva, a pesar de que este documento sí existe y siempre ha estado en poder de Ariztía y pudo haberse adjuntado, de forma arbitraria, desproporcionada e ilegal, la DCCP dejó fuera los 1.947 productos ofertados por Ariztía”, dijo la compañía.
“Se ha privado a los órganos de la administración del Estado la posibilidad de contratar con un actor destacado, eficiente y técnicamente relevante”, añadió.
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J. Troncoso Ostornol
