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Publicado: Miércoles 6 de agosto de 2014 a las 05:00 hrs.
La supermercadista ligada al grupo Saieh, SMU, respondió en duros términos al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), donde el organismo acusa a la cadena de incumplir las condiciones establecidas por el tribunal en 2012 cuando se aprobó la fusión con Supermercados del Sur.
El documento fue presentado por los abogados Benjamín Grebe y Juan Tagle, quienes señalan que la acción de la FNE “constituye un ejercicio apresurado de una acción con fines sancionatorios, sin haberse previamente recabado los antecedentes mínimos necesarios para evaluar los hechos en que se funda y el comportamiento del agente económico imputado”.
En la presentación se cataloga la acción de la FNE como “forzada”, “artificial” y con un “lenguaje inusitado” para postular “vehementemente” el incumplimiento por parte de SMU y, por ende, la necesidad de imponer sanciones en su contra.
En la presentación de 41 páginas, SMU insiste en su petición de eliminar la obligación de desprenderse del 40% de la propiedad de Montserrat, que es parte de las medidas, aduciendo la imposibilidad de concretar dicha operación.
“Resulta en verdad completamente injustificado que se busque sancionar a SMU, compañía que no obstante los relevantes esfuerzos desarrollados, se ha enfrentado a la imposibilidad de vender una participación minoritaria en los tiempos fijados”.
La firma asegura que las razones por las que no ha cumplido, están fuera de su alcance.

El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.