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Publicado: Miércoles 6 de agosto de 2014 a las 05:00 hrs.
La supermercadista ligada al grupo Saieh, SMU, respondió en duros términos al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), donde el organismo acusa a la cadena de incumplir las condiciones establecidas por el tribunal en 2012 cuando se aprobó la fusión con Supermercados del Sur.
El documento fue presentado por los abogados Benjamín Grebe y Juan Tagle, quienes señalan que la acción de la FNE “constituye un ejercicio apresurado de una acción con fines sancionatorios, sin haberse previamente recabado los antecedentes mínimos necesarios para evaluar los hechos en que se funda y el comportamiento del agente económico imputado”.
En la presentación se cataloga la acción de la FNE como “forzada”, “artificial” y con un “lenguaje inusitado” para postular “vehementemente” el incumplimiento por parte de SMU y, por ende, la necesidad de imponer sanciones en su contra.
En la presentación de 41 páginas, SMU insiste en su petición de eliminar la obligación de desprenderse del 40% de la propiedad de Montserrat, que es parte de las medidas, aduciendo la imposibilidad de concretar dicha operación.
“Resulta en verdad completamente injustificado que se busque sancionar a SMU, compañía que no obstante los relevantes esfuerzos desarrollados, se ha enfrentado a la imposibilidad de vender una participación minoritaria en los tiempos fijados”.
La firma asegura que las razones por las que no ha cumplido, están fuera de su alcance.

El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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