La empresa de origen lituano Mediafon presentó un recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y el Comité Representativo de la Portabilidad Numérica de Chile (formado por las empresas concesionarias de servicios telefónicos). La firma denunciante solicitó suspender la adjudicación del concurso para la contratación del Organismo Administrador de la Portabilidad Numérica (OAP) en Chile para el período 2025-2030, adjudicado a Iconectiv (Telcordia), en noviembre pasado.
El OAP es responsable de gestionar la base de datos y el sistema para que los usuarios puedan cambiar de compañía manteniendo su número telefónico, como lo dicta la ley.
En su recurso, Mediafon dijo que tomó conocimiento, mediante una publicación en el sitio web de la CMF el 25 de noviembre, que en virtud del acta del 24 del mismo mes, el comité adjudicó la licitación a Iconectiv LLC (Telcordia), otorgándole un cuarto período consecutivo.
En concreto, Mediafon solicitó en su recurso, presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que declare “la ilegalidad y arbitrariedad” del comité y la Subtel, apuntando a “una omisión de publicidad del acta de adjudicación, la denegación de información técnica, la vulneración a la igualdad ante la ley y la vulneración de la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas”.
Además, pidió que el tribunal de alzada ordene retrotraer el proceso al estado de proporcionar la información solicitada y realizar una nueva evaluación de ofertas bajo condiciones de estricta igualdad.
Junto a esto, la compañía solicitó que se decrete una orden de no innovar, disponiendo la suspensión inmediata de los efectos del acto de adjudicación, mientras se tramita y resuelve el recurso.
“A la fecha, aún no existen derechos adquiridos por parte del adjudicatario, toda vez que el inicio de las operaciones comerciales está previsto para junio de 2026”, sostuvo la compañía, la cual añadió que “el interés público se ve protegido al asegurar que la designación del próximo organismo administrador (OAP) se realice bajo estrictos estándares de legalidad, transparencia y no discriminación”.
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J. Troncoso Ostornol
