Gobierno portugués renuncia a corte de remuneraciones y busca opción para presupueto
Debido a la escasez de tiempo, Lisboa podría recurrir a nuevos impuestos para cerrar la brecha.
Por: | Publicado: Viernes 28 de septiembre de 2012 a las 05:00 hrs.
- T+
- T-
Compartir
El 24 de septiembre, el primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, anunció que el gobierno abandonó el plan de aumentar las contribuciones de seguridad social de los trabajadores, con el fin de financiar una reducción en las contribuciones de los empleadores. Las propuestas, que fueron anunciadas hace menos de tres semanas, provocaron una feroz reacción de los partidos de oposición, sindicatos y algunos empresarios, y causaron una división entre la coalición gobernante de centro derecha. El gobierno ahora debe presentar medidas alternativas, antes de presentar el borrador del presupuesto 2013 a mediados de octubre.
La pugna sobre el último paquete de austeridad del gobierno, se remonta a un fallo de la corte constitucional en julio, que estableció que la suspensión de los bonos anuales de funcionarios públicos y jubilados (conocidos como salarios trece y catorce) no podría incluirse en el presupuesto 2013 porque discriminaba a los trabajadores públicos. La solución del gobierno, revelada el 7 de septiembre, fue eliminar uno de los bono, y compensar el pago del segundo bono con un aumento en el aporte a la seguridad social (tasa social única, TSU) para todos los trabajadores, y de ese modo, distribuir la austeridad más equitativamente.
Si eso hubiera sido todo, la reforma podría haber sido aprobada. Pero, la sugerencia del gobierno de que las mayores contribuciones de los empleados serían también utilizadas para financiar un recorte en los aportes de las compañías desató la polémica. La esperanza del gobierno era que esta “devaluación fiscal” podría, replicando la devaluación de la monda, aumentar la competitividad de las exportaciones e impulsar el crecimiento y el empleo. El plan fue respaldado por el FMI y la Unión Europea, pero fue percibido en Portugal como una transferencia directa de ingresos de los empleados a los empleadores –con resultados económicos inciertos.
El giro de Passos Coelho significa que el gobierno aún debe llenar el vacío de 200 millones de euros (US$ 258 millones) generado en su presupuesto por el mandato de la corte, en julio. El borrador del presupuesto 2013 debe ser revelado el 15 de octubre, pero el 8 de octubre, los ministros de finanzas del Eurogrupo se reunirán para aprobar el desembolso del próximo tramo de rescate a Portugal –un préstamo de 4.300 millones de euros que debe ser liberado a fines de octubre. El gobierno de Portugal deseará desesperadamente evitar volver a los titulares negativos que ponen en duda esto.
Dado el escaso tiempo, el gobierno tendrá problemas para identificar nuevos recortes, lo que sugiere que las nuevas medidas de austeridad vendrán principalmente del lado de los ingresos. Tras una reunión con los grupos sociales el 24 de septiembre, el primer ministro indicó que una parte de los bonos del sector público será repuesta, pero que los impuestos personales por ingresos aumentarán para compensarlo. El gobierno probablemente considerará agregar nuevos impuestos al ingreso de capital y propiedad.
Como el ajuste está diseñado para reemplazar las medidas previamente acordadas, el impacto neto en la economía debería, en teoría, ser pequeño. Sin embargo, el gobierno necesitará convencer a la “troika” de acreedores internacionales (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el BCE) de que las nuevas medidas serán igual de efectivas.
En momentos en que las protestas públicas están ganando fuerza en el país, la troika cree que relajar los objetivos del presupuesto suavizará los costos sociales del ajuste necesario. Sin embargo, el furor provocado por los cambios propuestos en el TSU ha destacado que existe un límite para lo que la sociedad portuguesa está dispuesta a aceptar.
La pugna sobre el último paquete de austeridad del gobierno, se remonta a un fallo de la corte constitucional en julio, que estableció que la suspensión de los bonos anuales de funcionarios públicos y jubilados (conocidos como salarios trece y catorce) no podría incluirse en el presupuesto 2013 porque discriminaba a los trabajadores públicos. La solución del gobierno, revelada el 7 de septiembre, fue eliminar uno de los bono, y compensar el pago del segundo bono con un aumento en el aporte a la seguridad social (tasa social única, TSU) para todos los trabajadores, y de ese modo, distribuir la austeridad más equitativamente.
Si eso hubiera sido todo, la reforma podría haber sido aprobada. Pero, la sugerencia del gobierno de que las mayores contribuciones de los empleados serían también utilizadas para financiar un recorte en los aportes de las compañías desató la polémica. La esperanza del gobierno era que esta “devaluación fiscal” podría, replicando la devaluación de la monda, aumentar la competitividad de las exportaciones e impulsar el crecimiento y el empleo. El plan fue respaldado por el FMI y la Unión Europea, pero fue percibido en Portugal como una transferencia directa de ingresos de los empleados a los empleadores –con resultados económicos inciertos.
El giro de Passos Coelho significa que el gobierno aún debe llenar el vacío de 200 millones de euros (US$ 258 millones) generado en su presupuesto por el mandato de la corte, en julio. El borrador del presupuesto 2013 debe ser revelado el 15 de octubre, pero el 8 de octubre, los ministros de finanzas del Eurogrupo se reunirán para aprobar el desembolso del próximo tramo de rescate a Portugal –un préstamo de 4.300 millones de euros que debe ser liberado a fines de octubre. El gobierno de Portugal deseará desesperadamente evitar volver a los titulares negativos que ponen en duda esto.
Dado el escaso tiempo, el gobierno tendrá problemas para identificar nuevos recortes, lo que sugiere que las nuevas medidas de austeridad vendrán principalmente del lado de los ingresos. Tras una reunión con los grupos sociales el 24 de septiembre, el primer ministro indicó que una parte de los bonos del sector público será repuesta, pero que los impuestos personales por ingresos aumentarán para compensarlo. El gobierno probablemente considerará agregar nuevos impuestos al ingreso de capital y propiedad.
Como el ajuste está diseñado para reemplazar las medidas previamente acordadas, el impacto neto en la economía debería, en teoría, ser pequeño. Sin embargo, el gobierno necesitará convencer a la “troika” de acreedores internacionales (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el BCE) de que las nuevas medidas serán igual de efectivas.
En momentos en que las protestas públicas están ganando fuerza en el país, la troika cree que relajar los objetivos del presupuesto suavizará los costos sociales del ajuste necesario. Sin embargo, el furor provocado por los cambios propuestos en el TSU ha destacado que existe un límite para lo que la sociedad portuguesa está dispuesta a aceptar.
