Finalmente fueron doce los países cuyos representantes condenaron ayer la ruptura del orden democrático en Venezuela, desconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y entregaron su respaldo al parlamento controlado por la oposición. Los cancilleres de Perú, Chile, Colombia, México, Argentina, Brasil, Paraguay, Canadá y otros países americanos se reunieron ayer en Lima y acordaron crear un mecanismo permanente para monitorear la situación en el país, agendando la próxima reunión para septiembre.
“Es una declaración y una disposición firme, pero al mismo tiempo con la apertura para que se encuentre un camino de diálogo”, afirmó el canciller chileno, Heraldo Muñoz, llamando a una negociación “creíble, sincera y con efectos reales”. A su vez, el canciller peruano, Ricardo Luna, señaló que el restablecimiento del orden democrático significa revertir la Constituyente, liberar los presos políticos y convocar a un proceso electoral bajo la supervisión internacional.
Los países dejaron además la puerta abierta para la aplicación de sanciones unilaterales. Muñoz ya afirmó que Chile no romperá las relaciones diplomáticas con el país ni retirará a su embajador de Caracas, la opción considerada por Perú. Por su parte, el mandatario argentino, Mauricio Macri, ordenó investigar si los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos tienen cuentas en el país, un paso previo para sumarse a las medidas.
En paralelo a la cita de Lima, el canciller venezolano, Jorge Arreaga, se reunió en Caracas con sus pares de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que incluye a Bolivia y Cuba, quienes expresaron su apoyo y reconocimiento a la ANC. Nicolás Maduro ofreció que el bloque sea quien encabece las negociaciones con los países que se oponen a su gobierno.
Choque de asambleas
Dentro del país, la ANC quitó ayer más espacio al parlamento del país, instalándose en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, el lugar donde sesiona la Asamblea Nacional, a cuyos parlamentarios se les prohibió entrar en el recinto. La ANC aprobó el acuerdo de solidaridad con el mandatario por los “ataques” desde EEUU y con las Fuerzas Armadas, por el “ataque terrorista” del grupo armado en Valencia el fin de semana.
A su vez, en otro decreto afirmó que “el poder constituido está subordinado a esta Asamblea Nacional Constituyente” lo que, según el vicepresidente Aristóbulo Istúriz otorga facultades al organismo para “reformar y limitar las funciones” de todas las instituciones.
En respuesta, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) volvió a las calles, llamando a un “trancazo” (bloqueo) de las principales avenidas del país, lo que terminó en choques con la policía y nuevos heridos.
A pesar de estar unida en las protestas, la MUD no ha podido definir una posición común respecto a su participación en los comicios regionales, cuyas inscripciones empezaron ayer y terminan hoy. Las elecciones podrían disminuir el apoyo popular hacia la oposición, ya que su participación legitimaría las elecciones que la MUD considera fraudulentas.
En tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se adelantó a la decisión e inhabilitó a los candidatos de la MUD a presentarse en siete de los 23 estados del país.
A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó ayer a 15 meses de prisión al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, -que se encuentra en la clandestinidad- por no impedir el cierre de vías en su municipio durante los protestas anti Maduro, elevando a cuatro los alcaldes condenados.
Torturas y maltrato
Sumándose a las condenas internacionales, la ONU acusó ayer de tortura al gobierno venezolano. “Según las fuentes, varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas “como “choques eléctricos, sofocación con gas y amenazas de muerte”, afirmó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. La institución también denunció el uso de colectivos armados contra la población y cifró en más de 5 mil las detenciones arbitrarias desde el comienzo de protestas en abril.
Declaración de Lima
- Condena la ruptura del orden democrático.
- No reconoce la ANC ni sus actos ilegítimos.
- Respalda y solidariza con la Asamblea Nacional.
- Actos jurídicos sólo serán reconocidos si son aprobados por el parlamento.
- Rechaza la violencia. Apoya a la fiscal general.
- Condena las violaciones de derechos humanos, violencia, represión y persecución política.
- Afirma que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de un miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
- Muestra su preocupación por la crisis humanitaria y condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas.
- Asegura que continuará la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de Derechos Humanos.
- Apoya la suspensión de Venezuela del Mercosur.
- Se compromete a no apoyar ninguna candidatura venezolana en organizaciones internacionales y regionales.
- Llama a detener la transferencia de armas a Venezuela.
- Solicita postergación de la cumbre CELAC-UE.
- Apoya todo esfuerzo de negociación.
- Fija fecha para la próxima reunión: la tercera semana de septiembre.
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