La represión policial fue la imagen que marcó la jornada de ayer en Cataluña, donde millones de personas participaron en un referendo sobre la separación de la región autonómica de España, un ejercicio que la justicia declaró ilegal y el gobierno en Madrid intentó impedir.
La Guardia Civil del país usó balines de goma y bastones de servicio para sacar a las personas de los recintos de votación. Según las autoridades locales, 884 personas habían resultado heridas a lo largo de la jornada: una de ellas, hasta anoche en estado grave, recibió un proyectil de goma en el ojo.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, responsabilizó a las autoridades locales por los incidentes. "Han tenido muchas oportunidades para abandonar su empeño ilegal y no han querido", manifestó, en un discurso televisado.
Agregó que "hoy no ha habido un referendo en Cataluña. Hemos asistido a una escenificación (...) Algunos han intentado coartar la voz de los que piensan de forma distinta".
Pero la Generalitat de Barcelona clamó victoria al reportar que 90% de los votos respaldaron la secesión y apuntó a que podría declarar la independencia de manera unilateral esta semana.
"Nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente", manifestó el presidente local, Carles Puigdemont, quien responsabilizó a Madrid por la violencia. "El Estado español ha escrito hoy una página vergonzosa en la historia de su relación con Cataluña. Tristemente no es la primera", sentenció.
Términos del divorcio
Los gritos de victoria en Barcelona aún no convencen a todos. De los 5,4 millones de personas habilitadas para votar, lo hicieron casi 2,3 millones, cerca del 40%.
Se trata de una cifra similar a la registrada en una consulta no vinculante que la Generalitat organizó en 2014, la cual fue tolerada por Madrid pero no tuvo consecuencias en cuanto al estatus de región autonómica de Cataluña.
Anoche, no obstante, el separatismo dio señales de que buscará hacer valer la opinión de quienes acudieron a las urnas. Puigdemont entregaría hoy los resultados al parlamento local, que luego podría poner en vigencia una ley de transición hacia la secesión de España, que la justicia nacional considera inconstitucional.
Aunque la comunidad internacional probablemente no reconozca a Cataluña como un Estado, la crisis constitucional complica seriamente a la administración de Rajoy -quien gobierna con una minoría en el parlamento. Aunque el PSOE, el principal partido opositor, también rechaza el separatismo, ayer condenó la represión.
Los ojos del mundo
La crisis catalana golpeó ayer el valor del euro, que retrocedía 0,2% frente al dólar en la madrugada de Sidney.
Las autoridades de Europa también reaccionaron. Según medios alemanes, la canciller Angela Merkel llamó por teléfono a Rajoy ayer, aunque hasta anoche se desconocía el contenido de su conversación. En Twitter, el líder opositor Martin Schulz, pidió "reducir la violencia y buscar el diálogo".
En Londres, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que llamó a "que se respete la ley española y la Constitución española y que se mantenga el Estado de Derecho". Añadió que "España es un aliado estrecho y amigo, cuya fuerza y unidad nos importa".
Uno de los más duros fue el primer ministro de Bélgica, Charles Michel. "¡La violencia no puede ser la respuesta! Condenamos toda forma de violencia y reafirmamos nuestra llamada al diálogo político", escribió en Twitter.
Autoridades de Eslovenia y Lituania también pidieron encontrar soluciones pacíficas.
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