Las miles de personas que se congregaron ayer en las cercanías del Parlamento de Cataluña a la espera de mayor claridad sobre los planes separatistas del gobierno local se fueron con nuevas dudas.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha encabezado el camino catalán hacia la separación de España, delineó ante el parlamento su hoja de ruta tras el referendo del 1 de octubre, cuando más de 2 millones de catalanes optaron por la secesión.
El fantasma de una declaración unilateral de independencia y una posible intervención de Madrid en respuesta pesaba en el ambiente. Pero la autoridad optó por la vía intermedia: aunque oficializó la secesión, pidió suspender sus efectos para dar espacio, y aumentar la presión, para que el gobierno de Mariano Rajoy se abra a negociar.
“Asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república; eso es lo que hacemos hoy con toda solemnidad”, manifestó Puigdemont. Acto seguido, sostuvo que su gobierno propone “que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo”.
Ese espacio de diálogo es el que, según manifestó, la Generalitat ha estado buscando desde el principio. En su discurso, que comenzó con más de una hora de retraso, la autoridad criticó a Madrid por su respuesta “negativa, radical y absoluta, con persecución policial y judicial de las autoridades catalanas”.
Agregó que el pueblo catalán “pide poder votar y ha estado dispuesta a todo el diálogo necesario para hacerlo de forma acordada (...) La relación con España no funciona hace años y nada se ha hecho para revertir una situación que ya se hace insostenible”.
Puigdemont firmó una declaración de independencia, pero La Moncloa rechazó el documento. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría manifestó que el gobierno “no puede aceptar” que se valide el referendo y que “nadie puede imponer una mediación sin volver a la legalidad”.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, convocó para hoy a un consejo extraordinario de ministros y hablará en el parlamento nacional.
Tensiones internas
Las fuertes diferencias al interior del independentismo se hicieron notar ayer y fueron el principal factor de retraso de la intervención de Puigdemont. El ala más radical, representada por la CUP, esperaba un quiebre unilateral con España, pero sectores más moderados habían pedido cautela.
Los resquemores se hicieron evidentes en la sala. Los representantes de la CUP no aplaudieron el discurso de Puigdemont y, a través de su cuenta de Twitter, manifestaron que “nosotros, como la gente, hemos venido a proclamar la república”.
El partido de Puigdemont, Junts pel Sí (JxSí) ovacionó en bloque al presidente regional y respaldó la idea de suspender la independencia.
En tanto, desde el Partido Socialista de Cataluña hubo un llamado a nuevas elecciones autonómicas “en las que todos puedan votar con igualdad, con garantías y con la posibilidad de optar por proyectos políticos diferentes”.
Por su parte, la líder regional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cuyo partido rechaza la secesión, señaló que declarar la independencia de manera diferida “sigue siendo un golpe a la democracia”.
A su vez, el líder del PP de Rajoy en la región, Xavier García Albiol, manifestó que “no va a haber ninguna república independiente en Cataluña” y pidió a la Generalitat que renuncie a “romper España” y “no nos arrastre a poner en serio riesgo las instituciones catalanas”.
Europa interviene
Mientras Madrid aún se resiste a una negociación con las autoridades de Barcelona, una serie de autoridades europeas salieron ayer a defender la unidad de España y a pedir que haya diálogo entre ambas partes.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió en que Europa no puede mediar en el conflicto, ya que eso “enviaría el mensaje de que apoyamos los motivos de quienes han quebrado la ley española”.
“No puedo tratar al presidente del gobierno español y al jefe de la región catalana como iguales”, dijo el mandatario en una universidad en Frankfurt. “Eso no estaría en conformidad con nuestras propias instituciones”.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, llamó a Barcelona a respetar “el orden constitucional de España y no anunciar una decisión que haga que el diálogo sea imposible”. También pidió a Rajoy “buscar una solución sin el uso de la fuerza”.
La fuga de empresas se acelera y la Generalitat desdramatiza efecto en la economía local
Más de treinta empresas han anunciado su salida de Cataluña desde el referendo del 1 de octubre, ante la creciente incertidumbre por una eventual legalidad paralela o intentos de control por parte del gobierno local.
Ayer, el grupo editorial Planeta, la aseguradora Catalana Occidente y la empresa de viajes online eDreams se sumaron a la lista que encabezan la gestora de infraestructura Abertis y los bancos Sabadell y CaixaBank, todos con gran influencia en la bolsa española.
En el gobierno regional reconocen la preocupación, pero algunas autoridades buscan desdramatizar la situación.
"No nos gusta, pero la economía catalana es muy sólida", dijo ayer el vocero de la Generalitat, Jordi Turull, en una rueda de prensa. Agregó que "la realidad de este país y lo que le da propósito son las PYME, la microempresa, el talento y la innovación".
La autoridad aseguró que "somos un referente europeo en inversión extranjera y valor añadido; al igual que se han ido, estas empresas de aquí a poco volverán".
Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, dijo a Catalunya Ràdio que los cambios de sede son "temporales" y acusó a Madrid de presionar a las compañías.
"Cuando el gobierno hace estas cosas se perjudica a sí mismo", manifestó la autoridad. Agregó que "con la intención de encarecer los costos de transición, toman decisiones que son contraproducentes también para el gobierno español".
La lista crece
El viernes pasado, el gobierno nacional aprobó un decreto que permite a las empresas cambiar su sede sin necesidad de aprobación por parte del directorio, a fin de facilitar los traslados de las compañías.
Además de los grandes bancos, las automotrices Seat y Nissan están evaluando una mudanza y han asegurado que siguen de cerca el escenario político en la región.
En la misma línea, la cadena de supermercados Lidl dijo al diario español Expansión que permanecen "atentos a la evolución sociopolítica" y que "no se plantea ningún cambio mientras no se modifique el actual ordenamiento jurídico".
Una situación similar vive la dueña de Cola Cao, Idilia Foods, la cual ha informado que, ante una declaración unilateral de independencia saldría de la región "con el fin de mantener la seguridad jurídica necesaria para seguir trabajando con normalidad".
La semana pasada, la matriz de CGE, Gas Natural Fenosa, dijo que trasladaría sus cuarteles generales de Barcelona a Madrid, de manera temporal, debido a la "inseguridad jurídica" en Cataluña.
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