El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) china aprobó ayer varias leyes que nuevamente tensionan las relaciones entre el gobierno central y su región administrativa especial (RAE) de Hong Kong, y afectan el funcionamiento de las empresas tecnológicas extranjeras en el país.
En octubre, los hongkoneses Yau Wai-ching y Baggio Leung, líderes de oposición que encabezaron las protestas independentistas de finales de 2014 y fueron elegidos al Consejo Legislativo de la ciudad, causaron un escándalo cuando en sus juramentos aseguraron pertenecer a la “nación de Hong Kong”, presentándose, además, con unos banners que decían: “Hong Kong no es China”. El jefe del poder ejecutivo de la ciudad Leung Chun-ying, que apoya al gobierno asiático, apeló a la corte de la RAE pidiendo que resuelva si el comportamiento de los jóvenes afectó la Ley Básica.
Sin embargo, adelantando la decisión, intervinieron las autoridades de Beijing: la APN aprobó ayer una interpretación del artículo 104 de la Ley Básica de Hong Kong que, en la práctica, prohibió a los legisladores ocupar sus puestos. Según el documento, las personas electas tienen que jurar lealtad al hecho de que Hong Kong es parte de China y pueden ser descalificadas si alteran las palabras del juramento o lo hacen de forma no solemne.
La ley “representa el deseo común de los 1.300 millones de ciudadanos chinos, incluyendo a los compatriotas en Hong Kong, de salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo”, dijo el máximo legislador del país Zhang Dejiang, agregando que la interpretación es tan válida como la ley misma. Sin embargo, el presidente del Consejo Legislativo Andrew Leung señaló que se necesita una revisión judicial antes de tomar la decisión definitiva.
La medida causó preocupación entre las autoridades del Reino Unido y EEUU. Hong Kong, que obtuvo independencia de Gran Bretaña en 1997, según el tratado se considera una parte de China; sin embargo, bajo el modelo de “un país, dos sistemas”. La ciudad tiene autonomía en términos generales, incluyendo libertad judicial, con una “mini Constitución” llamada la Ley Básica.
Cibercontrol
En otro golpe a las libertades civiles, también ayer las autoridades chinas aprobaron una nueva ley sobre ciber seguridad. Las medidas para “monitorear, defender y abordar las amenazas procedentes de fuentes internas y externas del país” incluyen la obligación de las empresas de internet de tener sus servidores dentro del territorio. Todas las actividades que intenten derrocar el sistema socialista, dividir a la nación, socavar la unidad nacional y apoyar el terrorismo y el extremismo están prohibidas, cita la agencia Xinhua. Además, la propagación de rumores y mensajes difamatorios se iguala a un crimen.
Según los expertos, la nueva norma, que entra en efecto en junio, puede dar a las autoridades el poder para acceder a las tecnologías extranjeras, afectando a las empresas que funcionan en el país. Así, las autoridades podrán testear y certificar los equipos computacionales, aplicando solo programas que el Estado considere “seguros”, y las empresas estarán obligadas a cooperar con las autoridades en investigaciones que afecten la seguridad nacional. “Es un paso hacia atrás para las innovaciones en China que no hará mucho para mejorar la seguridad”, señaló James Zimmerman, director de la Cámara de Comercio americana en China.
Cambios en Finanzas
Finalmente, en otra sorpresiva decisión anunciada en la jornada de ayer que, sin embargo, no producirá muchos cambios, es la designación del nuevo ministro de Finanzas Xiao Jie, que se espera que siga con la política fiscal expansiva, manteniendo el nivel de gastos, cortando impuestos y aumentando el déficit fiscal para estimular la economía.
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