Más de un 1,8% llegó a caer ayer el Ibex, el principal índice de la bolsa de España, en la jornada posterior al referendo separatista de Cataluña, que estuvo marcado por la represión policial, dejando cerca de 890 heridos, y el endurecimiento del discurso nacionalista en Barcelona.
La crisis constitucional, la peor que ha enfrentado el país en cuatro décadas de democracia, también golpeó al euro, que llegó a perder 0,8% frente al dólar, y a los bonos españoles, cuyo rendimiento ganó siete puntos base para llegar a 1,66%. Las acciones del barcelonés Caixa Bank también cayeron.
Los inversionistas buscaban ayer señales de certidumbre. El gobierno de Mariano Rajoy prometió defender la Constitución española, que considera al país “indivisible”.
“Siempre hemos dicho que usaremos toda la fuerza de la ley y todos los mecanismos que la Constitución y las leyes le dan al gobierno”, dijo el ministro de Justicia, Rafael Catala, al canal de televisión TVE, quien describió como “mesurada” la acción de la Guardia Civil el domingo.
El conflicto amenaza con frenar la recuperación de España, que en julio anotó su mejor ritmo desde 2014. Cataluña representa cerca de una quinta parte del PIB nacional.
Un informe de ING publicado ayer manifestó que el llamado “Catalexit” podría sumir a la región, “en un período prolongado de incertidumbre”. Añadió que “las empresas internacionales y catalanas tienen miedo de que el país salga del mercado único (...) Las inversiones podrían retrasarse o redirigise hacia afuera de la región”.
Analistas de Société Générale elaboraron una lista con las 18 empresas listadas en bolsa más expuestas a Cataluña, encabezadas por CaixaBank y seguida por firmas como BBVA, Aena, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Abertis, Inditex, Indra, Repsol y Enagás, entre otras.
El día después
Ayer no hubo acercamientos entre Madrid y Barcelona, y, de hecho, pesó en el aire la posibilidad de que el gobierno aplique la llamada “opción nuclear”: el artículo 155 de la Constitución, que no se ha usado antes y que le permitiría suspender la autonomía de Cataluña y absorber las funciones administrativas por llevar a cabo una votación ilegal.
El domingo participaron casi 2,3 millones de personas (cerca de un 40% de la población habilitada para sufragar) y la secesión contó con un respaldo de casi 90%. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reafirmó ayer que la votación es vinculante y dijo que los cerca de 10 mil efectivos de la Guardia Civil y policías que Madrid envió para frenar el referendo deberían salir de la región.
También llamó a una mediación internacional. “La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado, no es un asunto doméstico”, manifestó y agregó que “nos hemos ganado el derecho a ser escuchados por las instituciones europeas”.
Por su parte, Rajoy tomó medidas políticas para fortalecer su posición, debilitada por la represión policial del domingo. Se reunió con líderes políticos, entre ellos el presidente del PSOE, Pedro Sánchez. Tras el encuentro, el líder socialista dijo a periodistas que exigía “que Rajoy reestablezca inmediatamente el contacto y abra una negociación” con la Generalitat de Cataluña.
Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), dijo que los empresarios quieren “estabilidad y tranquilidad”. Reconoció que la situación en Cataluña es “un problema” y “son los políticos” los que ahora deben “buscar soluciones” y limar diferencias para “encontrar alternativas”.
Europa reacciona
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló ayer por teléfono con Rajoy y, según una fuente del Palacio del Elíseo consultada por Reuters, “subrayó su apoyo por la unidad constitucional de España”. En la misma línea se pronunció el premier italiano, Paolo Gentiloni, quien pidió respetar “la Constitución unitaria de España”.
Desde Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriels, afirmó que “el imperio de la ley es un pilar fundamental para la UE” y llamó a “frenar la espiral de escalamiento” de la tensión.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, le reiteró a Rajoy su posición de que el plebiscito es ilegal y es un asunto interno de España. Mientras que el vocero de la comisión, Margaritis Schinas, sostuvo que “si un referendo se organizara en línea con la Constitución española, significaría que el territorio que salga se encontraría a sí mismo fuera de la UE”.
En tanto, el Parlamento Europeo expresó su preocupación por la violencia y agendó un debate sobre el tema para mañana.
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