El Rhapsody, el Azzurra y el Moby Dada, tres cruceros alojados en el puerto principal de Barcelona, son el recordatorio de lo que puede ocurrir si el gobierno local de Cataluña, la Generalitat, va demasiado lejos.
Los barcos alojan a al menos 3 mil policías que el gobierno de España ha enviado a la ciudad para detener el referendo separatista del domingo, que la Justicia nacional ha declarado ilegal y que la administración de Mariano Rajoy ha combatido duramente.
La consulta amenaza con generar una crisis institucional en el país, compuesto por 17 comunidades autónomas como la catalana.
Tras el requisamiento de 10 mil urnas, el arresto de decenas de autoridades y, esta semana, el cierre de los edificios que se usarían para la votación, no hay claridad de si el referendo podrá llevarse a cabo.
Pero el presidente local, Carles Puigdemont, reafirmó ayer que sí se hará y agregó que las acciones del gobierno español han impulsado “la voluntad de la ciudadanía de votar. Hoy hay una mayoría más larga y más ancha de gente que quiere votar que hace un mes”.
La presión de Madrid también ha logrado suavizar el discurso del líder catalán. Si en julio prometía declarar la independencia de la región 48 horas después del referendo, ayer manifestó al periódico español El Diario que “no está encima de la mesa una declaración unilateral de independencia”.
Añadió que “simultáneamente a la lectura de los resultados, habrá un compromiso de diálogo y de negociación y de mediación”.
Ese es el momento que ha estado esperando Madrid. Ayer, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se abrió a negociar una nueva ley de financiamiento local, diciendo a la televisión local que “una vez que los planes de independencia cesen, podemos hablar (...) del sistema de financiación”.
Diálogo o no, el impulso secesionista ya comienza a permear la estabilidad política de España. “Es la crisis constitucional más seria que ha enfrentado España”, dijo a Bloomberg Alejandro Quiroga, profesor de historia en la Universidad de Newcastle en Reino Unido. “La cuestión catalana podría generar competencia entre las otras regiones para ver hasta dónde pueden llegar. Es un tema muy complejo”, agregó.
Tensiones históricas
No es la primera vez que Cataluña, que hoy representa un quinto de la economía española, amenaza con el divorcio. El secesionismo catalán fue un factor detonante de la guerra civil de la década de 1930, y la consiguiente dictadura de Francisco Franco oprimió duramente a la región, suprimiendo su autonomía, su cultura y su idioma.
Más de cuarenta años después de la muerte del dictador, las heridas siguen abiertas. La creciente autonomía que la región ha disfrutado bajo la Constitución de 1978 (que declara al país “indivisible”) y la inescapable presencia de la lengua catalana en las calles, el comercio y los servicios públicos no han mermado la voluntad del separatismo.
El último desafío fue hace dos años, cuando el gobierno catalán organizó una consulta no vinculante en la que, con apenas un 30% de participación, más de un 80% de los votantes respaldó separarse del país.
El secesionismo nunca ha sido mayoritario. Llegó a un punto máximo de 49% en 2013, cuando España navegaba el peor momento de la crisis. Hoy, según el Centro Catalán de Estudios de Opinión, ha caído a un 41%.
Pero incluso ese nivel es mucho mayor al que había antes de la debacle económica. El profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra Carlos Barrera dijo a Bloomberg que “el gobierno central necesita reconciliar un tema muy polarizante que ha estado ignorando por años”.
El día después
La primera pregunta que se hacen las empresas hoy es a quien se tributará si Barcelona declara la independencia. La Generalitat ha estado fortaleciendo su departamento financiero para comenzar a recolectar los impuestos alguna vez enviados a Madrid, pero las compañías temen exponerse a multas de uno u otro gobierno.
Los inversionistas también tienen temores. Si Cataluña firma el divorcio y sume a España en un caos político, “el euro podría retroceder entre 1% y 2% y los bonos podrían remecerse”, dijo a Bloomberg la directora de investigación de Citi Index en Londres, Kathleen Brooks.
Según analistas de SocGen, el diferencial de rendimiento entre los bonos españoles y alemanes, actualmente en 120 puntos base, podría ampliarse hasta los 400. Eso, dijo Brooks, “dañaría a la moneda todavía más”.
Pero la incertidumbre más inmediata sigue siendo qué ocurrirá el domingo. Madrid busca mostrar fuerza para disuadir al separatismo, pero no demasiada, para no ganarse la condena internacional. Rajoy, y toda España, caminan en la cuerda floja.
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