Puerto Rico, que sufre una década de recesión económica, problemas estructurales y pobre infraestructura, agregó este mes otra preocupación a la lista de sus problemas: los daños causados por el devastador paso del huracán María.
Más de la mitad de la isla no tiene agua potable, luz ni señal de celular, mientras que sus carreteras y puertos están inhabilitados y un 80% de sus cultivos destruidos. Según el gobernador Ricardo Rosselló, el territorio estadounidense “está cerca de una catástrofe humanitaria”,
Las estimaciones más moderadas apuntan a que los daños pueden llegar a US$ 30 mil millones, mientras que las más catastróficas se elevan hasta los US$ 72 mil millones.
Pero la situación financiera de Puerto Rico es precaria: su deuda actual totaliza US$ 123 mil millones, y se divide entre lo adeudado a los inversionistas extranjeros y a las obligaciones por pensiones.
Su Producto Interno Bruto es de un poco más de US$ 100 mil millones y tras declararse en bancarrota en mayo, la isla tiene cerrado el acceso a los mercados de bonos. “Puerto Rico no puede emitir deuda para financiar los esfuerzos de reconstrucción”, afirmó a DF el economista senior de Oxford Economics, Oren Klachkin.
La pregunta entonces es quién pagará por la reconstrucción. La administración local, bajo el lema de que “también somos estadounidenses”, exige la ayuda urgente de Washington, pero la respuesta ha sido esquiva.
EEUU al rescate
Parte de los daños deberían ser financiados con los seguros privados y fondos de la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA, su sigla en inglés), que ahora cuenta con US$ 12 mil millones, explicó a DF el experto de Eurasia Jeffrey Wright.
Tras las críticas de congresistas y de figuras del espectáculo a su floja respuesta a la crisis en Puerto Rico, el mandatario estadounidense Donald Trump liberó fondos de FEMA por seis meses para financiar la recuperación y anunció que visitará la isla la próxima semana. A su vez, en octubre, el Congreso tiene que aprobar otro paquete de ayuda al territorio, que según Wright podría ubicarse entre los US$ 10 mil millones y US$ 15 mil millones.
Ayer, además, los tenedores de bonos puertorriqueños (incluyendo a fondos de inversión como Franklin Templeton, Oppenheimer y BlueMountain) ofrecieron un préstamo de US$ 1 mil millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, el único proveedor de electricidad de la isla.
La oferta no es gratis: el préstamo se realizará través de un intercambio de los papeles existentes por bonos del deudor en posesión, que son los primeros en la fila para ser cobrados. Otros bonos por US$ 1 mil millones serán cambiados por una nueva emisión -con descuento- por US$ 850 millones.
La oferta privada ayudaría a la AEE a solicitar otra ayuda financiera de hasta US$ 9 mil millones a la FEMA, para recuperar la destruida infraestructura energética de la isla, la prioridad número uno para el gobierno local. Las autoridades estiman que su reconstrucción puede demorar hasta seis meses.
La situación en las plantas eléctricas -que funcionan en su mayoría en base a petróleo importado- se agrava por la negativa de la Casa Blanca de levantar las restricciones al acceso de naves extranjeras a los puertos puertorriqueños. La Ley Jones, impuesta hace casi 100 años, establece que sólo los barcos estadounidenses pueden transportar bienes hacia el territorio, elevando el costo en un 20% a 40%, según Wright. Trump dijo ayer que está revisando el tema, pero citó los intereses de la industria como un posible impedimento.
¿Cambios estructurales?
Una de las grandes dudas es si la reconstrucción podrá impulsar una recuperación sustentable de la isla, cuya tasa de pobreza duplica a la de Mississippi, el estado más pobre de EEUU, y que ha visto a un 10% de su población emigrar en la última década en búsqueda de trabajo.
El lunes, Trump tuiteó que la destrucción por el huracán se debe a los “profundos problemas” por la “frágil infraestructura y enorme deuda” del territorio. Al parecer, su declaración es un reflejo de los ánimos en el Capitolio, que no tiene intenciones de ayudar a la isla más allá de los fondos de urgencia. “No creo que los republicanos que controlan ahora el Congreso se inclinen a hacer cambios sustanciales en la forma en que es tratado Puerto Rico”, afirmó Wright, quien ve su estatus como la razón principal de sus problemas. “Su extraña condición de estar entre ser un estado, un territorio y un Estado independiente es la causa de que la crisis de deuda haya empeorado tanto, y de la crisis económica también”, aseguró.
Rosselló afirmó el martes que sin ayuda urgente de EEUU “miles o incluso millones” de residentes pueden abandonar la isla con dirección a EEUU, disminuyendo la base de contribuyentes en Puerto Rico y elevando la carga fiscal para EEUU.
Sin embargo, tras la ayuda inicial del Congreso y sin apetito para la inversión privada, el destino de la isla está en sus propios manos. “Podría ser un catalizador para que las autoridades despierten y vean la necesidad de cambios”, planteó Klachin.
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