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REGÍSTRATE AQUÍCarlos Urzúa, a quien el mercado apenas conoce, tendrá que demostrar su compromiso con la responsabilidad fiscal en un gobierno que promete subir el gasto social sin aumentar los impuestos o la deuda.
Por: Ignacio Gallegos F.
Publicado: Viernes 6 de julio de 2018 a las 04:00 hrs.
A medida que México comenzaba a acostumbrarse a la idea de que Andrés Manuel López Obrador llegaría a la presidencia tras dos intentos fallidos, los observadores de la segunda mayor economía de América Latina revisaban la gestión del líder de izquierda como alcalde de Ciudad de México entre 2000 y 2005.
En esos años, su cercanía con quien será su ministro de Hacienda, Carlos Urzúa, ya era clara. AMLO puso al matemático y doctor en economía de la Universidad de Wisconsin a cargo de las finanzas edilicias hasta 2003, un período en que logró reducir el gasto público de la capital. Al final de su período, el hoy presidente electo había aumentado la deuda real en 3,3%; en la administración anterior, la cifra había sido de 19%.
Cuánto de ello es atribuible al probable nuevo jefe de las finanzas públicas mexicanas es materia de debate. “Fue el gobierno federal el que fijó los límites de endeudamiento. El alcalde y su equipo no tuvieron nada que decir”, dijo a Bloomberg el economista jefe para Latinoamérica de Credit Suisse, Alonso Cervera.
Pero Urzúa, hoy de 63 años, tendrá la oportunidad de demostrar su compromiso con la disciplina fiscal en los próximos meses, cuando trabaje junto al actual gobierno en el presupuesto para 2019. Tras ello, si asume el ministerio en diciembre, su tarea será más difícil: deberá cumplir con un programa que incluye un aumento del gasto social sin subir los impuestos o la deuda fiscal. AMLO ha prometido trabajar “por los pobres y los olvidados” en un país en que la tasa de pobreza superaba el 40% en 2016, según el Banco Mundial, frente a un 11% de Chile.
Al menos en lo macroeconómico, sus metas no son ambiciosas. Plantea que el Producto Interno Bruto del país crecerá 2,5% en 2019, menos que el 3% que prevé el Fondo Monetario Internacional.
Horas después de que se conociera la victoria de AMLO, Urzúa tuvo una conferencia telefónica con inversionistas de todo el mundo. En ella, prometió respetar la independencia del banco central y mantener el régimen cambiario flotante, además de ser “extremadamente responsables en el manejo macro, fiscal y en la política de deuda”.
Muchos de sus interlocutores tenían dudas. Urzúa es más conocido en los círculos académicos que en los políticos: enseñó economía en el Instituto Tecnológico de Monterrey y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Es autor de varios libros, algunos de economía y otros de poesía. Entre ellos está El déficit del sector público y la política fiscal en México, 1980-1989, publicado en Chile por la Comisión Económica Para América Latina (Cepal) en 1991.
Su publicación más reciente es Construyendo el futuro de México: Propuestas de políticas públicas, del cual es coautor junto a los académicos Teresa Almaguer y Héctor Moreira. En él, enlista los diez principales retos para el país, entre los cuales está un giro hacia la “economía del conocimiento”, la competitividad en tiempos de globalización y las finanzas públicas.
En su conferencia telefónica del lunes, Urzúa intentó asegurar que el futuro gobierno, que contará con una cómoda mayoría en el Legislativo y cuyas propuestas incluyen una reforma constitucional y una revisión a las inversiones petroleras, trabajará bien con el sector privado.
“Vamos a agradecer cualquier inversión privada, nacional extranjera. Nos gustaría tener un ambiente amistoso para los inversionistas en el mundo”, señaló el académico.
Pero tampoco desmintió los planes del futuro presidente de aumentar el gasto: “En el mediano y largo plazo, tenemos que cambiar el rumbo (…) Tenemos que tener al menos 5% del PIB en inversión pública”, señaló.
Las dudas sobre su ortodoxia económica siguen en el aire. El analista de Moody’s Mauro Leos dijo a Bloomberg: “La pregunta fiscal es: ¿de dónde saldrá el dinero?”.
Si AMLO lo permite, Urzúa tendrá seis años para responder.
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