Al mal tiempo, buena cara. Así se puede resumir lo que está pasando con las negociaciones por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mientras que las autoridades británicas públicamente se muestran optimistas, en conversaciones privadas afirman que las consultas no han avanzado mucho y atrasarían el inicio de discusiones sobre el nuevo tratado comercial.
Durante la primera ronda de conversaciones en junio, el Reino Unido acordó resolver los asuntos pendientes antes de negociar futura relación con el bloque. Pero el gobierno de Theresa May entró en un limbo tras perder la mayoría en el parlamento en los comicios legislativos, que adelantó para fortalecer su posición en las negociaciones por el Brexit.
Así, los temas de derechos de ciudadanos europeos, la frontera con Irlanda y los pagos de salida del país se quedaron sin resolver.
En conversaciones privadas con The Guardian, la semana pasada, varios ministros británicos afirmaron que las negociaciones están avanzando lentamente y que su segunda fase –que delineará la futura relación comercial con el bloque- podría empezar en diciembre o enero, y no en octubre como fue platificado. Ello dejaría apenas diez meses para las consultas, pues la UE quiere sellar el acuerdo en octubre de 2018, para alcanzar a ratificarlo antes del marzo de 2019, fecha formal de salida británica del bloque.
El gobierno buscó descartar rápidamente un retraso y May afirmó el jueves que “hasta ahora hemos tenido un enfoque constructivo y positivo en las negociaciones, y éstas continúan”. Admitió, sin embargo, que “falta mucho por hacer”.
Dando claridad
Londres respondió a los críticos publicando su posición sobre el límite entre dos Irlandas y la Unión de Aduanas. El gobierno espera que la frontera quede abierta, posiblemente a través de excepciones para pequeñas empresas que representan el 80% del comercio bilateral.
Sin embargo, hay un pero: por un lado, la concesión podría parecer a Bruselas demasiado generosa, y por otro, contradeciría el objetivo de “devolver el control” al país.
A la vez, May buscará mantener la “unión aduanera temporal” durante los tres años que duraría el período transitorio.
Medios británicos afirman también que –según planes migratorios que serán publicados más tarde- los turistas europeos podrían entrar al país sin visas, pero para trabajar o estudiar necesitarán un permiso.
Los planes serán negociados durante la siguiente ronda de consultas, agendada para la próxima semana. Se espera que hoy Londres siga aclarando su posición sobre otros aspectos de la negociación.
Negocios en la mira
En tanto, las empresas del continente parecen estar tranquilas ante la salida del Reino Unido.
Según el sondeo de la Fundación Thompson Reuters entre directores financieros de 200 empresas europeas y británicas publicado la semana pasada, 69% de compañías no han cambiado su planificación estratégica después del referendo de junio de 2016, mientras que solo 12% estaban evaluando trasladar sus operaciones del Reino Unido.
“Los resultados sugieren una respuesta relativamente moderada, en comparación con una reacción instintiva que esperaban algunos”, afirmó Laurence Kiddle, director administrativo regional de negocios de Impuestos y Contabilidad de la fundación.
Sin embargo, el sector financiero de City es una historia diferente: el Banco Central Europeo advirtió la semana pasada que la banca internacional que alberga el centro financiero de Europa está atrasada con sus preparaciones para relocalizarse tras el Brexit y corre el riesgo de perder el acceso al mercado único europeo.
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