Una inédita acción judicial fue presentada hoy en el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de tres jueces de la Corte Suprema de Israel.
La querella por crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra del Estado israelí apunta a la anexión de terrenos en la zona del valle de Cremisán, que pertenecían tanto a los habitantes como a la iglesia católica, además del monasterio de dicha localidad.
Hasta el Centro de Justicia llegaron el abogado español Gonzalo Boye y el abogado chileno Nicolás Pavez, patrocinantes de la causa en nombre de la Federación Palestina de Chile, acompañados por los diputados Felipe de Mussy y Sergio Gahona, ambos UDI, además del alcalde reelecto de Recoleta, Daniel Jadue , militante del Partido Comunista.
A través de dicha acción, lo querellantes buscan la protección de los tribunales chilenos, tras haber agotado las instancias correspondientes ante la justicia israelí.
¿Qué motivó a estos actores políticos tan distantes a unirse en esta causa? Para el abogado Anuar Majluf, director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile, la razón es simple: "gran parte de la comunidad palestina que representamos tiene terrenos en el valle del Cremisán, que hoy están siendo confiscados por Israel. Presentar una querella es lo mínimo que podemos hacer cuando nos quitan nuestros derechos y ocupan las tierras de nuestros padres, abuelos y antepasados".
La acción busca dar amparo a las víctimas que resultaron afectadas con la ocupación israelí, situación que los jueces de la Corte Suprema de ese país "amparan y revisten de falsas apariencias de legalidad", sostuvo Majluf.
Según la Federación Palestina, la acción judicial se puede articular en Chile gracias a que en 2009 este país se adhirió al Estatuto de Roma, que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Y por lo tanto, también "reconoce la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad, de manera efectiva y eficiente" y preservar los derechos de las víctimas, que también consideraría a los querellantes chilenos.
Si la querella es admitida a trámite, sus promotores confían en que se abra "una investigación imparcial para procurar justicia para aquellos a los que la ocupación les ha quitado todo menos la fuerza para luchar y la dignidad que caracteriza al pueblo palestino".
"Si la Justicia chilena se ve incapaz de perseguir estos delitos, entonces, el Estado de Chile deberá remitir la causa a la Corte Penal Internacional para que ejercite su jurisdicción en función de los hechos y las víctimas de los mismos: ciudadanos palestinos y chilenos", concluyó Majluf.
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