“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”, partió señalando el Presidente de Argentina, Javier Milei, en la cadena nacional de la tarde de este jueves en la que presentó su nuevo paquete de reformas.
Blindado por su equipo económico y sus colaboradores más cercanos, el líder libertario detalló que enviará al Poder Legislativo cuatro proyectos interconectados: una nueva Carta Orgánica para el Banco Central, una regla fiscal permanente —bautizada como “grillete fiscal”— y reformas a los mercados de capitales y de seguros.
Milei sostuvo que las iniciativas buscan impedir que el déficit público vuelva a financiarse mediante emisión monetaria y profundizar el sistema financiero argentino para canalizar el ahorro hacia la inversión. En ese marco, manifestó su “plena” confianza en que el Congreso comprenderá “la naturaleza del problema estructural” del país y acompañará unas reformas que, aseguró, “cambiarán a la Argentina para siempre”.
¿Qué cambios propone para el banco central?
El eje principal del paquete es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con la que Milei pretende otorgarle mayor independencia frente al poder político y concentrar su mandato en la estabilidad del valor de la moneda.
La propuesta -que presenta algunas similitudes con el diseño institucional del Banco Central de Chile, especialmente por el fortalecimiento de su autonomía y la prohibición de financiar el gasto público- se estructura sobre cinco modificaciones fundamentales.
La primera establece que la misión central del BCRA volverá a ser exclusivamente preservar el valor de la moneda, eliminando los otros objetivos incorporados en su actual marco institucional.
“Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda”, afirmó Milei..
En segundo lugar, se prohibirá expresamente que la institución financie al sector público. La restricción comprenderá al Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, así como la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.
La tercera modificación busca blindar al presidente y al directorio del Banco Central frente a remociones decididas por el poder político. Aunque se conservará el actual mecanismo de nombramiento, la destitución de sus autoridades requerirá el respaldo de dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
“Todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud de la política monetaria”, aseguró el mandatario.
El cuarto eje restringe la distribución de las utilidades contables del organismo. Los resultados derivados de cambios en el precio de sus activos se destinarán a una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias obtenidas por la administración de su cartera solo podrán transferirse al Tesoro para cancelar deuda pública.
Finalmente, el Ejecutivo propone eliminar otros cambios introducidos en la Carta Orgánica de 2012 y terminar con el uso de las letras intransferibles, títulos públicos entregados al Banco Central a cambio de la utilización de sus reservas.
“Shutdown” como en Estados Unidos
La reforma del Banco Central estará acompañada por el denominado “grillete fiscal”, una regla permanente destinada a impedir que el Congreso apruebe o mantenga un presupuesto deficitario.
El mecanismo se activará cuando las cuentas públicas registren déficit durante varios meses consecutivos. En ese escenario, el Congreso contará con un plazo de algunas semanas para restablecer el equilibrio fiscal. Si no lo consigue, comenzará automáticamente un “shutdown” o cierre parcial del gobierno.
Durante ese período se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los nuevos gastos, no se adjudicarán contratos ni se contratará personal y se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias.
Además, mientras se mantenga el cierre, el presidente, el vicepresidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados dejarán de recibir sus remuneraciones.
“Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo. No lo pagará la gente”, afirmó Milei.
El proyecto exceptúa expresamente a las funciones y prestaciones esenciales. Continuarán operando y recibiendo recursos las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el sistema penitenciario, entre otros servicios. El Gobierno también invitará a las provincias a adherir al régimen.
El paquete se completa con dos proyectos orientados a profundizar el sistema financiero. La reforma del mercado de capitales pretende reducir la intervención estatal y ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas. Entre otras medidas, permitirá emitir bonos corporativos en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida, además de flexibilizar el financiamiento colectivo.
“Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo”, indicó el jefe de Estado.
Por último, la reforma del mercado de seguros otorgará a las compañías libertad para diseñar y ofrecer productos sin requerir autorización previa del regulador. La supervisión estatal se concentrará en controlar la solvencia de las empresas y proteger a los asegurados frente a eventuales fraudes.
Según Milei, la mayor competencia y flexibilidad regulatoria permitirán impulsar la innovación, reducir los costos y ofrecer seguros “más simples, más rápidos y más baratos”.
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Francisca Guerrero
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