El gobierno peruano declaró estado de emergencia en la provincia costera de Islay, región de Arequipa, después de que se produjera la cuarta víctima fatal tras dos meses de protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper.
El control interno seguirá a cargo de la policía, con el apoyo del Ejército, por los siguientes 60 días, establece el decreto oficial.
La medida suspende derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.
Los agricultores de Islay comenzaron las protestas el 23 de marzo, argumentando que el proyecto, que tiene un costo de US$ 1.400 millones, causaría contaminación ambiental y de las aguas del río Tambo, crucial para la actividad agrícola.
El viernes de la semana pasada murió un civil en los enfrentamientos con la policía luego de que 400 personas intentaran bloquear la carretera, informó el ministro del Interior José Perez. Después del incidente, una estación de policía fue atacada con dinamita, explicó el ministro.
"La democracia como forma de gobierno obliga a los ciudadanos a solucionar nuestras diferencias dentro del marco jurídico de la Constitución y la ley pero cuando las circunstancias demuestran que grupos minoritarios no quieren acatar la Constitución y la ley, y violentan el estado de derecho, el gobierno tiene los instrumentos legales para garantizar el orden público", dijo el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.
En el último mes, Perú ha desplegado 4 mil funcionarios militares y policías en Islay para evitar el bloqueo de la carretera.
Período de pausa
La semana pasada Southern Copper decidió suspender el proyecto por 60 días ante la falta de diálogo. En respuesta, el gobierno pidió a la empresa que explique los pasos que va a seguir durante esta pausa. En el intertanto, el Ejecutivo realizará "debates públicos" de carácter técnico. "Estamos en la obligación como gobierno de ser garantes de que este proyecto sea llevado adelante respetando el medio ambiente y que todos los aspectos puedan ser aclarados", declaró Cateriano.
La autoridad explicó además que el presidente Ollanta Humala dispuso la presencia permanente de los ministros de Energía y Minas, Ambiente, Interior y Agricultura en Islay durante el proceso de diálogo. Ellos convocarán a nuevos representantes de la zona para relanzar las conversaciones.
En paralelo, el gobierno pidió la intervención del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Fiscalía para investigar un presunto caso de corrupción relacionado con el caso. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa inició una investigación luego de que se difundiera un audio donde el dirigente anti-minero Pepe Julio Gutiérrez pide el pago de US$ 1,5 millón al abogado Jesús Gómez Urquizo –ex empleado de Southern– para terminar las protestas.
Los peritajes demostraron que la voz corresponde a Gutiérrez, pero también apareció otro audio, que haría referencia a un pago que realizó el dirigente a la jueza Janet Lastra, quien falló a su favor desestimando que cumpliera prisión efectiva de cuatro años, tras los bloqueos de carreteras en el sur hace dos años.
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