Dilma Rousseff finalmente fue destituida de la presidencia de Brasil.
El Senado aprobó el denominado impeachment por 61 votos a favor y apenas 20 en contra, una decisión que a la vez confirma a Michel Temer como presidente en ejercicio de ese país hasta el 1 de enero de 2019.
La votación pone fin a un proceso que se inició en diciembre del año pasado y que marcó la peor crisis política de los últimos años en el gigante sudamericano.
Además pone término a un largo periodo de 13 años de gobierno del PT, cuya figura emblemática es Luiz Inacio Lula da Silva, el padre político de la destituida presidenta. Rousseff fue elegida en 2010 y reelegida en 2014.
La destituida mandataria fue acusada de maquillar las cuentas fiscales antes de su reelección en 2014, pero ella se defendió señalando que esa práctica también fue realizada por los gobiernos anteriores y que siempre fue aprobada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
A pesar de que admitió errores en su gestión, Rousseff había afirmado de manera tajante que no cometió un crimen de responsabilidad y que su impugnación sería injusta.
Con todo, la gestión de Rousseff estuvo marcada por escándalos de corrupción que además salpicaron al parlamento y también por un pobre desempeño de la economía, la cual creció a un promedio anual del 0,9% en los primeros cinco años de Gobierno de la abogada.
Se trata del tercer peor rendimiento del PIB en 126 años.
Podrá ejercer cargos
El senado brasileño, no obstante, no la inhabilitó de ejercer cargos públicos por ocho años (se suponía que estaba implícito en la votación del impeachment) y decidió mantener sus derechos políticos.
Tras el proceso que la destituyó hubo otra votación y en esa instancia 42 senadores se inclinaron por la inhabilitación, mientras que 36 optaron por mantener sus derechos. La moción en consecuencia no prosperó porque no lograron alcanzar los dos tercios necesarios (54 votos).
Rousseff además contará con los beneficios que la ley brasileña le garantiza a los ex jefes de Estado.
Según EFE, antes de la votación definitiva, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada no podría ni siquiera ser profesora o trabajar "en un merendero en una escuela pública", ya que la inhabilitación comprende no sólo mandatos sino también cargos públicos.
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