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REGÍSTRATE AQUÍPor: El Cronista, Argentina.
Publicado: Miércoles 12 de marzo de 2014 a las 05:00 hrs.
Las empresas y no sólo sus integrantes podrán ser sancionadas por cometer delitos, según el Anteproyecto de Código Penal que impulsa el oficialismo y que generó controversias en la última semana. La normativa en discusión castiga las actividades monopólicas y dispone multas que varían en función de los ingresos. Las personas jurídicas pueden ser penadas hasta por delitos de lesa humanidad.
La iniciativa compendia delitos económicos que estaban contemplados en leyes especiales,como el desabastecimiento. Crea otros tipos penales, como los delitos contra la competencia o el cohecho financiero activo (una dádiva entre privados). Y reduce sanciones a otras conductas prohibidas, como la compraventa no autorizada de divisas. Actividades como la evasión y el lavado de activos mantienen las penas actuales.
La nueva legislación dispone multas que varían en función de los ingresos y se miden en días. Reemplaza el criterio del Código Penal actual, que establece montos fijos de dinero para las penas, que suelen quedar desactualizados por la inflación y requieren de una sanción del Congreso para aggiornarlos. Así, una empresa o su CEO pagarán más que un obrero por la comisión del mismo delito. La nueva legislación crea el capítulo de Delitos contra la competencia. El artículo 168 pena con prisión de seis meses a cuatro años y una multa de entre 30 y 360 días a quien “abusando de una posición de dominio total o parcial, o mediante acciones concertadas entre competidores, impidiere o distorsionare la competencia en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico en general”. Sanciona penalmente a los monopolios, oligopolios y carteles cuando fijen precios de bienes o servicios, restrinjan la oferta o la demanda o impongan condiciones de comercialización.
La compañía desarrolla tecnología que identifica y cuantifica recursos hídricos bajo tierra con baja incertidumbre, mediante la combinación de datos geofísicos e hidrogeológicos con la implementación de algoritmos de inteligencia artificial y big data.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.