Conflictos sociales amenazan inversiones y el crecimiento económico peruano

Perú ha atraído a compañías mineras para que inviertan hasta US$ 35.000 millones en nuevos proyectos durante la próxima década, pero cada vez más y más inversionistas enfrentan oposición local sin precedentes, junto con amenazas de violencia y demandas. Según el diario El País, hay más de 230 conflictos sociales actualmente en Perú, entre activos y latentes, que se ubican principalmente en zonas rurales e involucran a indígenas en más de la mitad de los casos.

Estos conflictos tienen como principal enemigo la construcción de minerías, casi todas financiadas por empresas extranjeras, que impulsarían la posición de Perú como un exportador de minerales a nivel mundial, fortaleciendo el motor que la hizo a la economía peruana la de más rápido crecimiento en Latinoamérica, durante la última década.

Los indígenas alegan que la industria es muy contaminante y que la mano de obra que se genera es poca en las zonas explotadas. También acusan al Estado peruano de no reinvertir eficientemente el dinero obtenido a través de impuestos a las empresas.




Riesgo para inversionistas


Los pueblos rurales actualmente están organizados contra 100 proyectos mineros o petrolíferos, de acuerdo a la agencia de derechos humanos de Perú. En los últimos años, docenas de personas han muerto en conflictos derivados de las políticas de recursos naturales de Alan García, quien apostó fuertemente por vender concesiones de petróleo y atraer inversiones mineras.

El país ha ganado calificaciones de inversión y tiene un fuerte sistema bancario, aunque muchos economistas e inversionistas están preocupados por los riesgos sociales que podrían dañar el crecimiento a largo plazo. “La primera cosa que yo haría si fuese un inversionistas sería reevaluar los riesgos”, dijo a Reuters el consultor de Futuro Sostenible, Antonio Bernales, quien es mediador de conflictos sociales y ambientales.




Costos para las empresas


La mayoría de los proyectos planificados por compañías multinacionales, que intentan sacar provecho de la creciente demanda mundial por materias primas, serían desarrollados en lo alto de Los Andes o en lo profundo de la selva amazónica, unas de las zonas más pobres de Perú, donde en la mayoría de los pueblos el Estado se muestra muy ausente. Cuando llegan empresas mineras extranjeras, les piden construir escuelas, hospitales, estaciones de policía y hasta darle trabajo a todo el mundo. Mientras paralelamente tratan de convencer a la gente de que no se robarán su agua, o contaminarán su aire o destruirán sus tierras ancestrales. Las malas prácticas de seguridad también preocupan a los críticos.

El director ejecutivo del proyecto cuprífero de US$ 2.200 millones Toromocho, propiedad de la china Chinalco, Gerald Wolfe, dijo a Reuters que muchas veces se encuentran llenando vacíos que deja el gobierno. Wolfe también dijo que han tenido que relocalizar a 5 mil personas a un nuevo pueblo, además de proveerlos con agua, servicios de alcantarillado y luz eléctrica permanente.