Aunque la economía de Colombia se mantiene relativamente saludable, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos afronta varios desafíos, incluyendo el declive en las ganancias petroleras debido a la caída en la producción y los menores precios internacionales. Más aún, la inversión antes elevada en el sector está declinando, a medida que las empresas energéticas parecen más ansiosas por invertir en el recientemente abierto sector petrolero de México. Para hacer a Colombia más atractiva para las empresas petroleras y mineras, el gobierno está impulsando medidas para reducir la burocracia regulatoria, como ofrecer permisos ambientales más expeditos. Sin embargo, con los ataques de la guerrilla a la infraestructura energética y los conflictos con las comunidades afectando la producción, el empuje del gobierno para volverse más amigable con las firmas podría no ser suficiente para atraer más inversión o elevar la producción.
La debilitada producción petrolera está afectando las finanzas de Colombia, a medida que la actividad es blanco del sabotaje de la guerrilla y frecuentes bloqueos por parte de las comunidades locales. El gobierno estima que el país va a producir un promedio de 981 mil barriles/diarios (b/d), por debajo de los cerca de 1 millón de b/d en 2013. Esto es un problema para Colombia, ya que las ventas del hidrocarburo representan 50% de las exportaciones totales y cerca de 14% de los ingresos estatales. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha sugerido que el gobierno podría corregir a la baja pronto sus estimaciones de ingresos por energía para los próximos dos años debido al reciente declive en los precios. Todo esto ocurre poco después de que una subasta de bloques petroleros en julio, donde las compañías energéticas realizaron ofertas por menos de un tercio de lo que se estaba rematando, ya que muchas de ellas prefirieron guardar su dinero para las más prometedoras perspectivas en México.
Sostener el impulso
A mediados de octubre el gobierno aprobó el decreto 2.041, que pretende agilizar el proceso de permisos medioambientales a sólo tres meses, desde los 18 meses que la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) estima que toma actualmente. Poco después, el gobierno también aprobó el decreto 2.089, que obliga a las empresas a contratar personal de las comunidades en las cuales sus proyectos están basados, para aplacar el enojo de los locales que han estado obstaculizando las actividades productivas del petróleo como una manera de exigir mayores beneficios. Según el decreto, 100% de la fuerza laboral no capacitada y 30% de la capacitada en cada uno de los proyectos debe provenir de las áreas donde las compañías están operando.
Aunque estas medidas pretenden reducir los obstáculos a las inversiones, existe considerable escepticismo acerca de si serán suficientes para acelerar la aprobación de permisos. Colombia ha visto cuatro diferentes ministros de medioambiente en los últimos cuatro años, varios de los cuales tenían escaso conocimiento acerca de la industria de la energía, o incluso sobre el medioambiente. Estos continuos cambios han hecho más difícil para el gobierno acelerar las aprobaciones. Más aún, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), fue creada hace dos años y ya ha tenido dos directores diferentes. Además, se dice que carece del personal necesario para desempeñar sus funciones, lo que sugiere que un proceso de aprobación más expedito podría ser una meta difícil de alcanzar.
Imponer reglas de contenido local también podría convertirse en un problema. Obligar a las compañías a contratar personal de las comunidades busca desactivar las tensiones con las comunidades, pero encontrar personal calificado en áreas rurales es una tarea compleja. Las compañías de energía ya contratan a trabajadores locales para tareas más sencillas, pero encontrar a suficientes trabajadores para cubrir la exigencia de 30% de fuerza laboral capacitada podría ser todo un desafío. El gobierno parece haber reconocido hasta cierto punto las dificultades, ya que el decreto permite a las compañías extender su búsqueda de trabajadores a las áreas circundantes y, eventualmente, a ciudades más grandes.
Los costos de los ataques
Pese a las mejores perspectivas de que la administración Santos y las guerrillas alcancen un acuerdo de paz pronto, los ataques de las FARC contra la infraestructura se han mantenido frecuentes. El Ministerio de Defensa registró 111 atentados contra oleoductos en los primeros ocho meses de este año, un declive desde los 169 en el mismo período de 2013. Sin embargo, estos han sido acompañados por barricadas de las comunidades que también han afectado la producción. En este contexto, mientras que un proceso de aprobación de permisos más rápido no va a reducir la frecuencia de los atentados, sí existe el riesgo de que aumente el antagonismo con las comunidades.
Estos conflictos costaron a Colombia casi 20 mil b/d de producción petrolera perdida el año pasado, la misma cantidad de producción perdida por atentados. En julio y agosto, grupos indígenas montaron barricadas contra equipamiento y trabajadores en las principales vías de la región de Putumayo, hasta que tuvieron que intervenir los militares. Los locales protestaban contra un decreto del gobierno que permitía que una serie de proyectos aumentara su perforación de pozos. Las comunidades también cuestionaban la decisión de las autoridades de distribuir los ingresos del petróleo de manera homogénea en todo el país, un enfoque que ha reducido los recursos de las regiones más ricas en petróleo.
Difícil respuesta
Para complicar más las cosas, la decisión de Colombia este año de permitir el uso de la tecnología del fracking -19 de las 98 ofertas de bloques en la subasta de julio involucraban proyectos de fracking- ha creado nuevas fuentes de críticas por parte de los ambientalistas, grupos civiles y locales. Dado el ambiente altamente tenso en las comunidades locales, es muy probable que se opongan a estos proyectos, e incluso puedan obstruir las operaciones de perforación en los próximos años. Como resultado, el gobierno afrontará muchas dificultades para encontrar una salida equilibrada entre tratar de reducir la burocracia para las compañías, resguardar el medioambiente y satisfacer las necesidades de las comunidades. Mientras tanto, la continua caída en los precios internacionales del petróleo, aumentarán las dudas sobre la viabilidad a mediano plazo del sector energético de Colombia (que fue uno de los motores de la economía en la última década).
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