Los días siguientes al terremoto de 7,8 grados que azotó a la costa del Pacífico de Ecuador el 16 de abril -que hasta ahora ha causado casi 600 fallecidos y más de US$ 3 mil millones en daños- expusieron la falta de preparación del gobierno para combatir un desastre como este. Esto tiene el riesgo de tener repercusiones políticas, con el país a sólo ocho meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
La falta de preparación del gobierno ha minado muchas de las declaraciones y políticas del presidente Rafael Correa, quien está en el poder desde 2007. Pese a las fuertes críticas que ha hecho el mandatario a la oposición, el sector privado y las ONG que no siguen su mensaje político, todos han estado en la primera línea de los esfuerzos de rescate en las áreas más afectadas, como las ciudades de Manta, Portoviejo y Pedernales. Los gobiernos municipales -muchos controlados por organizaciones políticas sin afiliación al movimiento Alianza País de Correa- han entregado, junto a empresas privadas y ciudadanos comunes, ayuda material y monetaria.
Para combatir esto, el gobierno ha buscado recuperar el control, instalando un cuasi gabinete de guerra de ministros para coordinar el rescate y la ayuda a las áreas más afectadas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
Sin embargo, organizaciones de voluntarios se han quejado de los intentos de funcionarios del gobierno y de soldados de interferir con los esfuerzos por distribuir la ayuda, además de reclamar que las donaciones están siendo reetiquetadas para que parezca que son suministradas por el gobierno central.
La respuesta lenta y ad hoc ha mostrado que el gobierno no estaba preparado. Además, buena parte del daño parece ser atribuible a códigos de construcción pobremente regulados y a trabajo de mala calidad, lo que expone al gobierno a acusaciones de corrupción. Es probable que en las próximas semanas surjan protestas por el manejo del desastre.
La falta de preparación del ejecutivo se extiende a la falta de financiamiento para pagar por los esfuerzos de reconstrucción. Durante los años de auge de altos precios de petróleo, Correa argumentó que era mejor “invertir” las ganancias de los ingresos del crudo (a menudo en proyectos de infraestructura), en lugar de ahorrar en fondos o reservas.
Esta política parece ahora cortoplacista, dada la caída de los precios del petróleo y la susceptibilidad de Ecuador a los desastres naturales. Como resultado de la falta de ahorro, Ecuador debe acceder a US$ 600 millones de bancos multilaterales y aumentar los impuestos a toda la población para recaudar US$ 1.000 millones. Esto hará caer aún más el consumo privado y la actividad empresarial en un año en que la EIU estima que el PIB se contraerá 1,8%.
El terremoto ha ampliado entonces la brecha entre el gobierno y partes de la sociedad civil. A medida que crecen las críticas a la respuesta del gobierno y la falta de preparación, la popularidad del gobierno caerá aún más. La aprobación de Correa ha caído a 40%, el menor nivel de su presidencia y 20 puntos por debajo de hace un año.
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