El reconocimiento del gobierno brasileño de que la compra de la refinería de Pasadena, en Texas, por parte de Petrobras, se basó en un informe “técnica y jurídicamente defectuoso” le dio mayor dimensión a una polémica de alcance explosivo. Para el Tribunal de Cuentas (TCU), que investiga el caso, las declaraciones de la administración de Dilma Rousseff alimentan la posibilidad de que haya habido fraude en la transacción.
Una nota publicada por el diario ‘O Estado de Sao Paulo’ ese día informó que la Presidencia admitió, por primera vez que la adquisición de 50% de las acciones de la refinería de Pasadena, en 2006, fue autorizada por Rousseff, que en esa época presidía el Consejo de Administración de Petrobras y era ministra de la Casa Civil.
Pero una vez consumada la transacción, Dilma y el resto de los consejeros se habían enterado que el “resumen ejecutivo” utilizado para aprobar la compra omitía dos reglas vitales de la operación: la cláusula ‘put option’, que garantizaba la posibilidad de que su socia en la refinería, la empresa belga Astra Oil, vendiera su participación en caso de desacuerdos estratégicos con Petrobras; y la cláusula ‘marlim’, que garantizaba a los belgas un lucro anual de 6,9%, sea cual fuera la situación del mercado.
“Si las hubiera visto antes, seguramente el Consejo no aprobaba la operación”, declaró el gobierno.
Las declaraciones sorprendieron al ministro de Tribunal de Cuentas, José Jorge, relator de un proceso que investiga la adquisición de la refinería instalada en Texas. Jorge dijo a Valor que las revelaciones son “extremadamente graves” y que es necesario analizar indicios de fraude en la transacción.
“El Palacio colocó un hecho nuevo en la investigación. Hasta ahora, lo que se pensaba era que la auditoría se hacía sobre documentos efectivos, reales, y que se trataba de un negocio mal hecho, donde Petrobras perdió mucho dinero. Ahora, se agrega a eso el hecho de que, aparentemente, pudo haber habido fraude”, afirmó el ministro.
El TCU investiga la adquisición de Pasadena desde 2012. Astra Oil compró la refinería en 2005 por US$ 42,5 millones. El año siguiente, Petrobras entró en el negocio al desembolsar US$ 360 millones por 50% de la refinería. Desde entonces, las socias se enfrentaron en conflictos judiciales. Los belgas ejercieron la cláusula ‘put option’ para vender la segunda mitad del negocio.
Petrobras negó la oferta y la disputa siguió en la Justicia, hasta que la Cámara Internacional de Arbitraje de Nueva York decidió que la estatal tenía la obligación de aceptar el negocio, por lo cual Petrobras tuvo que colocar otros US$ 820,5 millones por el control del 100% de la refinería. Por un costo total de US$ 1.180 millones, 25 veces el precio que había pagado Astra Oil, la estatal brasileña compraba una operación que ni siquiera podía refinar su petróleo.
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