Por A. Barker y J. Chaffin
Las autoridades públicas en Europa ganarán nuevos poderes para tomar represalias contra los países que se nieguen a darle a las empresas europeas acceso equitativo a contratos gubernamentales, bajo un plan de reforma de Bruselas.
La iniciativa podría poner presión a las relaciones con China y generar críticas de proteccionismo.
La propuesta, que será revelada mañana jueves, pretende fortalecer a los negociadores de la Unión Europea (UE) que intentan superar las barreras para las empresas que buscan contratos estatales en mercados emergentes como China.
Pero el plan con el fin de crear poderes para que las autoridades europeas rechacen ofertas de mercados cerrados ha provocado un acalorado debate en la Comisión Europea, enfrentando a liberales del comercio con aquellos que buscan una política de “reciprocidad” más robusta.
Comisarios del Reino Unido y Suecia todavía están expresando sus reservas y los detalles finales serán definidos en una reunión en la mañana de hoy.
La pelea por la propuesta final será observada de cerca en París, después de que Nicolas Sarkozy pidiera en su campaña por la reelección un acercamiento de “ojo por ojo” con los países que blindan sus mercados de compras de empresas extranjeras.
Existe un amplio apoyo en Bruselas a la iniciativa que permitiría a la Comisión restringir el acceso al mercado público de compras de la UE de 2.000 millones de euros (US$ 2.644 millones), cuando se descubra que un país “discriminó repetidamente” contra empresas europeas. La medida es comparada con procedimientos anti-dumping.
Una segunda y más polémica propuesta, respaldada por Michel Barnier, comisaria de Mercado Interno, le daría a los alcaldes locales y gobiernos centrales que ofrezcan un contrato la opción de rechazar a oferentes potenciales de países con los que la UE no tiene acuerdos de compras.
Aunque es probable que esta medida sea aprobada ampliamente por la Comisión, Barnier acordó, bajo presión, endurecer las reglas sobre cuándo esos poderes puedan invocarse. Las autoridades públicas tendría que pedir aprobación previa de la UE y podrían utilizar los poderes sólo con contratos que valgan más de una cifra específica, que tal vez sea de 5 millones de euros.
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