Por Thomas Hale y Josephine Cumbo
Hong Kong / Londres
China ha dicho que lanzará un plan de pensiones privado oficial que tiene como objetivo impulsar una mayor parte de los grandes ahorros de los hogares del país en el mercado financiero, a medida que el gobierno se enfrenta al envejecimiento de la población.
Los empleados en China podrán contribuir con hasta 12.000 yuanes al año (US$ 1.860) a esquemas privados, que según el gobierno se ajustarán de acuerdo con el "desarrollo económico" y se beneficiarán de un tratamiento fiscal preferencial.
El plan, que se probará en ciertas ciudades durante un año antes de implementarse más ampliamente, es un hito significativo en los esfuerzos de larga data del gobierno para desarrollar su sistema de pensiones, que depende en gran medida de los planes estatales y los organizados por los empleadores.
“Las medidas están dirigidas a los empleados ciudadanos chinos de clase media que ya son contribuyentes al plan básico de seguro de pensión común, a quienes se les incentivará fiscalmente para que contribuyan anualmente a una cuenta de pensión individual”, dijo Lauren Johnston, profesora invitada, con la Escuela de Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Adelaida.
“Sus fondos, a su vez, ayudarán a sembrar una creciente industria china de gestión de patrimonio y finanzas”.
El desarrollo se produce cuando se estima que la proporción de la población de China de 65 años o más aumentará más rápidamente que en otros países de la OCDE, más del doble desde el 10,6% en 2017 al 26,3% en 2050. La proporción de la población china de 80 años y más aumentará aún más rápidamente, según estimaciones de la OCDE, aumentando más de cuatro veces desde el 1,8% en 2017 al 8,1% en 2050.
El enfoque de China apuntará a mover los ahorros de pensión más directamente a los mercados financieros del país, como parte de una apertura más amplia que ha atraído a algunos de los mayores inverionistas del mundo para expandir su presencia en el país.
Gigantes de inversión globales, incluidos BlackRock y Goldman Sachs Asset Management, lanzaron durante el último año asociaciones con bancos de China continental como parte de un intento por apoderarse de parte de un mercado de gestión de activos con ahorros de casi US$ 19 billones (millones de millones) a partir de 2020.
El joint venture de propiedad mayoritaria de BlackRock con China Construction Bank, que fue aprobada el año pasado, dijo la semana pasada en su cuenta de WeChat que lanzaría su primer producto piloto de gestión de patrimonio de pensiones en las ciudades de Chengdu y Guangzhou. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, dijo el año pasado que el grupo con sede en Nueva York estaba "comprometido a invertir en China para ofrecer activos nacionales a los inversionistas nacionales".
China está implementando una variedad de esquemas que buscan expandir y liberalizar sus mercados financieros, incluido un esquema de conexión de riqueza con Hong Kong que podría brindar a los inversionistas locales un mayor acceso a los mercados financieros internacionales. Los controles de capital significan que los ahorros de los hogares chinos están restringidos en gran medida a los mercados internos, donde predominan los depósitos bancarios y de propiedad.
Un informe de Towers Willis Watson estimó que en 2020 China tenía US$ 285 mil millones en activos en planes de pensiones, equivalente a solo el 2% de su Producto Interno Bruto total, aunque solo contó los llamados productos de "anualidad empresarial", o pensiones voluntarias organizadas por empleadores. En el Reino Unido y EEUU, los activos totales de pensiones representan el 135% y el 157% del PIB, respectivamente.
El desarrollo se produce cuando se insta a los países de todo el mundo a reformar sus sistemas de pensiones, a medida en que las poblaciones que envejecen rápidamente ejercen presión sobre los presupuestos nacionales. En los 10 años hasta 2020, la población de China creció al ritmo más lento en décadas.
A principios de este año, la OCDE lanzó una nueva advertencia sobre la necesidad de que los países tomen medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de reparto, donde los trabajadores apoyan el pago de las pensiones a través de sus impuestos.
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