Por Guy Dinmore en Roma
Mario Monti, designado primer ministro, mantiene sus cartas cerca, a medida que arma su gabinete y prepara el programa de rescate de emergencia de Italia, pero tres temas clave están comenzando a aparecer: el rigor financiero, el fomento del crecimiento económico y la igualdad social.
El profesor de economía y ex comisario europeo aludió a estos aspectos de su programa al aceptar el mandato el domingo, para formar un gobierno liderado por tecnócratas que podría jurar el miércoles.
Con los mercados de bonos y valores sin darle alivio a Italia y la determinada presión de Bruselas y las capitales europeas, Monti podría tener que actuar rápidamente para restaurar un grado de credibilidad financiera. Pero para hacer eso necesita un apoyo parlamentario amplio de los partidos de centro derecha y centro izquierda, que están intentando condicionar sus próximos pasos.
Una instantánea de la economía italiana, presentada por la última encuesta de la Comisión Europea, deja ver una imagen sombría que acrecenta la posibilidad de un déficit presupuestario de 25.000 millones de euros (US$ 34.080 millones) el próximo año si Italia sigue en su curso de eliminar su déficit para 2013 y empezar a reducir su deuda pública de 1,9 billones (millones de millones) de euros.
La “modesta recuperación” de 2010 estaba “llegando a un estancamiento”, dijo la encuesta. Italia podría ya estar al inicio de una recaída en la recesión, con cero crecimiento en el tercer trimestre y -0,2% proyectado para los últimos tres meses.
Se pronostica que el Producto Interno Bruto avance sólo 0,1% en 2012. Los niveles de empleo están cayendo, las exportaciones están sufriendo por la desaceleración de crecimiento global y las condiciones crediticias para las empresas están cada vez más ajustadas.
Las medidas de emergencia que Monti podría reinstalar para lograr el rigor financiero, incluyen el impuesto inmobiliario que levantó el gobierno anterior de Silvio Berlusconi y que el Tesoro estima vale 3.500 millones de euros anuales. Otra opción es un impuesto a la riqueza en activos financieros, al que respaldan los sindicatos y partidos de centro izquierda. Dependiendo de la tasa y el umbral, una cifra que circula en los medios entrega una suma improbable de 100.000 millones de euros.
Los economistas Alberto Alesina y Francesco Giacazzi aconsejaron a Monti en contra de tomar cualquiera de esas medidas. En un comentario al Corriere della Sera, el principal periódico italiano, advirtieron que no tendría un fuerte impacto en el ratio deuda/PIB y “masacraría” las perspectivas de crecimiento, junto con enviar un mensaje de “pánico” a los mercados.
Reformar las jubilaciones, lo que respalda el Banco Central Europeo, también aparece arriba en la agenda de Monti, aunque esto fue bloqueado por los ex socios de coalición de Berlusconi y despertaría la ira de la federación de sindicatos CGIL.
Monti tiene muchas ideas para promover el crecimiento a largo plazo, liberalizando el mercado laboral, debilitando los poderes de los servicios profesionales y haciendo más fácil para el sector público y privado contratar y despedir. Esto va directo al centro de su tema favorito de “justicia social”, basada en la necesidad de que Italia desarrolle una red más amplia y segura que permita mobilidad laboral e introducir a más mujeres y niños a la fuerza laboral.
Pero el nuevo primer ministro ha descubierto que no es fácil. Uno de los oficiales que sigue el proceso ha dicho “toda esta gente de Milán no sabe cómo Roma funciona. Estarán atrapados con los empleados públicos. Un profesor de Bocconi no tiene un verdadero entendimiento del parlamento”.
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