Los bonos venezolanos, golpeados hasta alcanzar niveles problemáticos durante los últimos meses, se han recuperado después de que ha aumentado la esperanza de que el país podría, apenas, evitar el impago nuevamente este año — algo que la mayor parte del mercado había llegado a aceptar como inevitable.
Desde luego, el repunte de los precios del petróleo (el crudo Brent se ha recuperado en 45% desde mediados de febrero) ayudará a las finanzas públicas. Y recientemente el gobierno ha introducido algunas reformas sensatas, aunque atrasadas, y ha tomado medidas para racionalizar su complicado régimen de divisas, el cual distorsiona los incentivos económicos.
Pero la razón clave para el renovado optimismo de los inversionistas es que el gobierno está dando muestras de un "empeño casi de kamikaze en continuar cumpliendo con el servicio de sus préstamos internacionales", según palabras de Medley Global Advisors, un servicio de macro investigación propiedad del Financial Times.
En cuestión se encuentran US$ 10 mil millones en pagos de bonos y otros aproximadamente US$ 6 mil millones de préstamos chinos que vencen este año. Contra eso, Venezuela podría recibir solamente alrededor de US$ 22 mil millones por las exportaciones de petróleo —prácticamente su única fuente de divisas— y debe gastar alrededor de US$ 4 mil millones en importaciones relacionadas con el petróleo en 2016. Eso no deja mucho de reserva, sobre todo porque el gobierno ya ha agotado la mayor parte tanto de sus reservas líquidas de divisas como de las reservas de oro del banco central.
Por lo tanto, es alentador que Caracas esté comenzando a acercarse a sus acreedores, incluida China, con el objetivo de discutir un programa de "manejo de pasivo de deuda", lo cual parece ser el código para posponer los pagos de bonos, o incluso potencialmente reducirlos.
La clave es que esto sería una reestructuración acordada en lugar de una medida unilateral por parte de Venezuela y que reduciría el riesgo de un impago accidental. Y aunque será difícil negociarlo, intentar alcanzar semejante acuerdo es una estrategia mucho más pragmática que esperar que más ventas de oro o un aumento de los precios del petróleo rescaten el país el segundo semestre de este año.
Por supuesto, mucho puede salir mal y saldrá mal. Incluso si los acreedores están dispuestos a que se les pague más tarde e incluso, potencialmente, a que se les pague menos, la escasez de dólares es tan grave que el gobierno tendrá que restringir aún más las importaciones (no petroleras), las cuales ya fueron reducidas en 25% el año pasado.
Eso sólo exacerbará la actual recesión y la escasez de bienes de consumo, potencialmente provocando una hiperinflación. Y como si esto no fuera suficiente, el país está experimentando una sequía que está afectando la producción de alimentos y un déficit en la generación de electricidad que puede provocar apagones generalizados. La salud pública se está deteriorando y la violencia y las actividades criminales van en aumento.
En algún momento, seguramente todo esto provocará una explosión social que causará — por lo menos — la destitución del presidente Nicolás Maduro, algo que la cámara del parlamento, encabezada por la oposición, está intentando tramar por medios constitucionales.
Si la oposición lo logra, comenzaría a parecer posible que ocurriera una transición pacífica del poder y un nuevo gobierno más ortodoxo comenzaría rápidamente a reformar la economía, a reactivar el sector privado y a frenar el descenso de la producción de petróleo. Es cierto que esto podría obligar a una reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos internacionales, pero al menos los valores de recuperación deberían mejorar.
La alternativa, que Maduro se aferre al poder hasta que sea destituido violentamente, ya sea mediante las protestas en las calles o la intervención militar, es un resultado mucho peor tanto para Venezuela como para sus acreedores. Este país ya ha demostrado cómo lo insostenible se demora más en desenvolverse de lo que la mayoría considera posible.
La esperanza es que no descienda hacia la anarquía antes de que se pueda lograr una transición política pacífica.
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