Para aquellos lo suficientemente valientes como para interesarse en el juego de alto riesgo y alto rendimiento que representa invertir en Venezuela, la semana pasada se dio otro pequeño paso de avance.
Dada la desastrosa situación de la economía, se necesitará una revisión general de las políticas del gobierno para comenzar el proceso de reparación; y eso requerirá un cambio de régimen. Interponiéndose en el camino está el presidente Nicolás Maduro, quien es considerado el principal obstáculo no sólo por los políticos de la oposición, sino cada vez más por sus propios partidarios, los chavistas, e incluso por la mayoría de los venezolanos comunes.
Por lo tanto, la oposición ha presentado una solicitud de referendo revocatorio que reduciría el actual mandato presidencial de cuatro años, y abriría el camino para una nueva elección que el candidato de la Mesa de la Unidad (MUD), el grupo opositor, probablemente ganaría. Después de todo, tomó el control de la cámara baja del parlamento en 2015 después de años de aislamiento bajo el ex presidente Hugo Chávez.
A fin de celebrar este referendo, la oposición necesita, en primer lugar, que 20% de los 19,5 millones de votantes registrados del país firmen una petición solicitándolo. Nuevamente, esto debería ser fácil. Según recientes encuestas de opinión, unos 11 millones votantes estarían dispuestos a firmarlo. Así que es una buena noticia que la semana pasada el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció finalmente las condiciones para la celebración de este plebiscito, tras meses de retrasos.
La mala noticia es que el CNE, lleno de funcionarios designados por el gobierno, le está dificultando las cosas a la oposición todo lo posible. Está exigiendo una tasa de suscripción de 20% para cada uno de los 24 estados de Venezuela. Eso incluye varios estados pequeños en zonas rurales, lejos de la capital, Caracas, y tradicionalmente bastiones chavistas.
Asimismo, el CNE limitará las horas de votación y el número de centros y máquinas de votación, lo cual hará aún más difícil recaudar los 3,9 millones de votos necesarios. MUD ha calificado estas condiciones de inconstitucionales y está considerando la posibilidad de lanzar una serie de protestas.
Al final, sin embargo, las maniobras del CNE pueden ralentizar pero no detener el cambio político, argumenta Medley Global Advisors (MGA), un servicio de investigación propiedad del FT. Cualquiera de estos chanchullos simplemente estimularán a más ciudadanos enojados y desesperados a inscribirse para superar el umbral requerido del 20%; o, si el CNE declarara que el referendo ha fracasado, la indignación popular lo obligaría a retroceder.
Es importante destacar que, como señala MGA, Maduro y su gobierno ya no gozan del respaldo universal del movimiento del chavismo como sucedía con Chávez. Los chavistas más racionales — incluidas algunas facciones de las fuerzas armadas — aceptan que probablemente perderán poder y se están enfocando en preservar sus ganancias e inmunidad personales en el proceso.
Para ellos, su presidente cada vez más radical obstaculiza las cosas y si la oposición puede destituirlo de una forma democrática (no a través de un golpe militar), será más fácil mantener lo que queda del chavismo.
Visto de esta manera, los días de Maduro parecen contados. Un nuevo gobierno que restablezca el orden y levante la economía será bueno para Venezuela y sus activos. Pero, en el ínterin, los inversionistas de sus bonos enfrentan una persistente volatilidad, una caída del precio del petróleo y un posible impago, o al menos un "recorte" de sus participaciones. Cuándo surgirá la nueva Venezuela y el aspecto que tendrá siguen siendo interrogantes muy inciertas aún.
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