El Gobierno de Estados Unidos postergó hoy su
decisión sobre un pedido de Texas para que se reduzca la proporción
de etanol en los combustibles usados por los vehículos del país
marcada por una ley que el Congreso aprobó el año pasado.
"Dado el volumen de trabajo pendiente para dar una respuesta
adecuada al pedido de Texas de una exención de la Norma de
Combustibles Renovables, no se completará la decisión antes del
plazo", que vence el próximo jueves, dijo Stephen Johnson, director
de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés).
La EPA recibió en abril pasado un pedido del gobernador de Texas,
Rick Perry, para recortar a la mitad la cuota requerida de etanol en
2008.
El Congreso aprobó en 2007 una ley de energía que establece que
este año debe haber un aporte de 34.000 millones de litros de
etanol, biocombustible que en EE.UU. se produce a partir del maíz,
en la mezcla de carburantes para vehículos automotores.
En Estados Unidos se consumen unos 550.000 millones de litros de
gasolina cada año.
A fines de junio pasado, a raíz de las inundaciones en la cuenca
del Misisipi, el contrato de maíz para entrega en julio de 2009
alcanzó en la Bolsa Mercantil de Chicago los 8,25 dólares por bushel
(324,72 dólares por tonelada), casi el doble del promedio de los
precios del grano en cuatro décadas.
Hoy, en esa misma bolsa, el contrato de maíz para entrega en
julio de 2009 estaba en 6,38 dólares por bushel (252,18 dólares por
tonelada).
El gobernador de Texas alega que la demanda de etanol ha causado
un aumento de los precios del maíz y, a su vez, ha encarecido las
raciones para el ganado y las aves, lo que ha derivado en un alza en
el costo de carnes, productos lácteos y huevos.
Por ello, Perry pidió que se bajara a 17.000 millones de litros
el volumen de etanol requerido en el suministro de combustibles para
este año.
La EPA solicitó comentarios del público sobre esa petición y hoy
Johnson explicó que no ha habido tiempo para revisar los más de
15.000 recibidos.
"Se necesita más tiempo para que el personal responda
adecuadamente a los comentarios del público y desarrolle un
documento para decisiones que explique los argumentos técnicos,
económicos y legales", agregó.
La ley también requiere que la EPA consulte con los Departamentos
de Agricultura y de Energía, un proceso que ya ha comenzado, según
Johnson.
El funcionario indicó que "el proceso se mantiene abierto y no se
han hecho compromisos con parte alguna en cuanto a la sustancia y
fecha de la decisión".
"Confío en que podré llegar a una decisión sobre el pedido de
Texas a comienzos de agosto", puntualizó Johnson.
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