La crisis boliviana continúa profundizándose y ya cumplió un mes sin señales claras de solución. Los bloqueos iniciados el 6 de mayo mantienen a La Paz y El Alto bajo una creciente presión por problemas de abastecimiento, mientras el gobierno de Rodrigo Paz sigue sin dar con una salida política que desactive las protestas.
Los intentos de negociación impulsados por el Ejecutivo, con apoyo del Parlamento, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, terminaron estancados luego de que sectores movilizados rechazaran volver a la mesa y mantuvieran como principal exigencia la renuncia del mandatario. A ello se suma el fracaso de los operativos de desbloqueo realizados por policías y militares, que no lograron restablecer la circulación en las rutas estratégicas.
La agudización de la crisis también se vive en la interna de la administración de Paz. Este martes por la noche trascendió en la prensa local la renuncia del ministro de Defensa, Marcelo Salinas. Hasta el cierre de esta edición no se había informado oficialmente la razón de su salida.
La compleja situación ha derivado en crecientes cuestionamientos a la capacidad del gobierno para contener la crisis. El director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University, Antonio Saravia, sostiene que el Ejecutivo apostó inicialmente por el diálogo, pero terminó siendo sobrepasado por la dinámica de las movilizaciones. A su juicio, las conversaciones fueron utilizadas por los dirigentes movilizados para dilatar definiciones, dejando al gobierno “en completo ridículo” frente a la opinión pública.
Para el analista boliviano actualmente hay una “ausencia de Estado”, donde sectores ciudadanos comienzan a plantear acciones directas para desbloquear carreteras.
La sensación de deterioro también es compartida por el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, quien explica que los bloqueos se han vuelto más herméticos y están agravando una crisis que originalmente se concentraba en la escasez de divisas y los problemas económicos. “La situación lejos de mejorar se ha ido complicando”, afirma, destacando que la interrupción del suministro de víveres está castigando directamente a la población y aumentando la inestabilidad del país.
Mientras tanto, el propio Paz ha insistido en mantener la vía del diálogo. El lunes sostuvo que su “vocación democrática es reconciliar” y llamó a la población a tener paciencia, palabras que no han logrado disminuir las críticas de quienes consideran que se agotó estrategia negociadora del gobierno.
El referéndum
En ese contexto, comienza a instalarse la discusión para adelantar un referéndum revocatorio, de manera que la ciudadanía decida la continuidad del Presidente.
La propuesta fue impulsada por el diputado Carlos Alarcón -de la alianza Unidad, cercana al gobierno-, quien plantea una consulta extraordinaria para el Presidente, el vicepresidente y los parlamentarios como una salida democrática a la crisis.
No obstante, el principal obstáculo es jurídico. Aranda recuerda que la Constitución boliviana contempla el mecanismo del referéndum únicamente a partir de la mitad del mandato presidencial y hasta un año antes de su término. Paz lleva apenas siete meses en el cargo.
Por ello, a juicio del académico de la Universidad de Chile, la única vía posible sería la construcción de un amplio acuerdo político que permita aprobar una ley interpretativa o algún mecanismo consensuado por las principales fuerzas representadas en el Congreso. Aunque esa convergencia todavía no existe, reconoce que podría ganar fuerza si la crisis continúa agravándose.
De hecho, la idea ya comenzó a encontrar eco en distintos sectores políticos. El excandidato presidencial Andrónico Rodríguez la ha respaldado para evitar una mayor escalada de violencia y profundización de la crisis económica, mientras otras voces consideran que podría transformarse en una válvula institucional para descomprimir el conflicto.
Estado de excepción
Otra alternativa que sigue sobre la mesa es la declaración de un estado de excepción para recuperar el control de las rutas bloqueadas
Aunque el gobierno ha insistido en que se trata de una medida de último recurso, la presión para adoptarla ha aumentado a medida que se prolonga el conflicto. Diversos sectores opositores y dirigentes de Comités Cívicos Departamentales sostienen que el Ejecutivo ya agotó las instancias de diálogo y debe restablecer el orden mediante mecanismos extraordinarios.
“Todos esperaban que el domingo el Presidente anunciara el estado de excepción y no dijo nada”, sostiene el analista Antonio Saravia, quien interpreta esa vacilación como una señal de debilidad del Ejecutivo.
Saravia considera llamativo que Paz no haya recurrido a esa herramienta pese a que recientemente quedaron despejados algunos obstáculos legales para su aplicación. Según el analista, la explicación podría encontrarse en una variable más delicada: la incertidumbre respecto del respaldo efectivo de las Fuerzas Armadas.
“El gato encerrado”, afirma, es que el Presidente podría no tener un control pleno sobre los mandos militares, por lo que un estado de excepción implicaría un riesgo político considerable para un gobierno ya debilitado.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Bolivia
