El candidato de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y la abanderada de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegan a la segunda vuelta de este domingo con una economía ordenada, pero enfrentan un desafío mayor que controlar la inflación o estabilizar las cuentas fiscales. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país crece cerca de su potencial, estimado en torno a 3%, muy por debajo de las tasas registradas durante el auge de las materias primas. La baja productividad, elevada informalidad, insuficiente inversión y persistente incertidumbre política aparecen entre los principales frenos para acelerar la expansión de largo plazo.
Frente a ese escenario, Sánchez propone reformas institucionales y una mayor participación del Estado en la economía. En tanto, Fujimori plantea mantener el marco económico vigente y profundizar políticas orientadas a promover la inversión privada. La diferencia entre ambos es estrecha: la última encuesta de Ipsos otorga 51,4% de los votos válidos a Fujimori y 48,6% a Sánchez, dentro del margen de error.
Roberto Sánchez: referéndum constitucional y protagonismo estatal
“A los 35 millones de peruanos les diremos: ¿quieren ustedes una nueva Constitución?”, señaló esta semana Roberto Sánchez durante un acto de campaña en Arequipa.
La propuesta económica del candidato de Juntos por el Perú forma parte de un proyecto de transformación institucional. Su programa plantea convocar a un referéndum para una nueva Constitución, fortalecer el papel del Estado y avanzar hacia una economía basada en desarrollo regional, redistribución y mayor valor agregado.
La estrategia contempla una descentralización económica profunda y una expansión de la acción estatal. Entre sus principales compromisos figuran elevar el gasto en educación hasta cerca del 6% del PIB, ampliar la cobertura en salud, fortalecer los sistemas de cuidados y aumentar la inversión en infraestructura regional, agricultura familiar y pequeñas empresas.
Para financiar estas iniciativas propone una reforma tributaria progresiva orientada a fortalecer la capacidad redistributiva del Estado.
En energía, plantea elevar la participación de fuentes renovables hasta 40% de la matriz energética hacia 2031 y otorgarle al Estado un papel más activo en la planificación territorial y el desarrollo sostenible. En hidrocarburos, incluido Petroperú, el programa apunta a fortalecer la capacidad de conducción estatal.
En minería, busca transformar la estructura productiva del país mediante industrialización, procesamiento local y generación de mayor valor agregado a partir de los recursos naturales.
Los aspectos más distintivos del programa de Sánchez son los que Moody’s identifica como principales focos de incertidumbre. En su informe la clasificadora señaló que las transformaciones de su eventual presidencia podrían “debilitar la confianza de los inversionistas, el crecimiento del PIB y la fortaleza fiscal”, agregando que un debate prolongado sobre propuestas como la ampliación del rol del Estado en sectores estratégicos o la renegociación de contratos “probablemente pesaría sobre la confianza y la inversión”.
Keiko Fujimori: continuidad institucional e impulso a la inversión
“Cuando hubo estabilidad de inversión y empleo, millones de familias pudieron salir de la pobreza. Hoy tenemos que recuperar ese rumbo”, afirmó Keiko Fujimori durante el debate presidencial.
La candidata de Fuerza Popular, partido que tendrá la mayor representación en el próximo Congreso, propone preservar el modelo vigente, basado en la economía social de mercado, la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada. Su programa contempla fortalecer el Estado de derecho y acelerar proyectos de inversión mediante un “shock desregulatorio”.
En materia fiscal, plantea mantener la disciplina de las cuentas públicas y un Estado austero y eficiente, priorizando la creación de condiciones para la inversión privada por sobre la expansión de programas permanentes de gasto.
En energía, propone ampliar infraestructura de transmisión y distribución para mejorar el acceso y la competitividad productiva. También plantea una reestructuración de Petroperú, incluyendo venta de activos y reorganización operativa.
La minería ocupa un lugar central en su estrategia de crecimiento. Propone acelerar proyectos mediante asociaciones público-privadas y fortalecer el mecanismo Obras por Impuestos, así como la modernización de la infraestructura logística y energética. También plantea combatir la minería ilegal y promover la formalización del sector.
Para la agencia clasificadora Moody’s, esta agenda representa una apuesta por la continuidad institucional y económica. En un informe publicado el 26 de mayo, sostuvo que una eventual administración de Fujimori “operaría dentro del marco constitucional vigente” y ha articulado “una agenda promercado, centrada en la continuidad de las políticas macroeconómicas, la protección de los contratos y los derechos de propiedad, la desregulación y la simplificación de permisos”.
Según la clasificadora, esas señales “respaldarían la confianza del sector privado y crearían condiciones más propicias para un crecimiento del PIB superior al 3%, siempre que se mantenga la estabilidad política”.
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