El gobierno argentino apuesta hasta el último momento por llegar esta tarde a tener acuerdos con el mayor porcentaje de acreedores privados de la deuda a reestructurar.
Pero la realidad indica que son pocos los que creen que esta opción es viable. Desde un primer momento los diferentes grupos de bonistas mostraron su descontento con lo ofrecido y dijeron que no estaban dispuestos a firmar un acuerdo.
Y es entonces cuando las fuentes consultadas por El Cronista admiten que las negociaciones se estirarán hasta el 22 de mayo próximo, utilizando el tiempo de gracia establecido, una variable que, según los informantes, se baraja desde hace ya varios días puertas adentro de Casa Rosada y el Ministerio de Economía.
El anuncio de jugar con el tiempo de gracia -que ya estaba estipulado- se produciría este fin de semana.
Ayer mismo, incluso, ya se comenzó a vislumbrar que las cosas no venían bien para el gobierno, por lo que se afianzó más todavía la opción de estirar todo hasta el 22 de mayo próximo.
Fuentes oficiales sostuvieron que, del total de los tenedores locales, un 70% decidió entrar al canje, con lo que el gobierno se aseguró papeles por unos US$ 4.700 millones, sobre un total de US$ 6.800 millones.
Este buen comportamiento estaba dentro de lo esperado. Pero ¿cambia la ecuación del gobierno en cuanto al éxito o no de la negociación? Para nada. Los bonos locales tienen una representación de tan solo el 10% del total de bonos en juego, por US$ 68 mil millones.
Para evitar el default, el gobierno está obligado a cerrar un acuerdo con los grupos de bonistas que cuentan con el 70% de los bonos. Y, según los números de Economía, con ese grupo llegarían con suerte a un canje por el 40% los bonos.
Tal vez como una muestra de la buena voluntad que tendrá el gobierno en busca de un arreglo, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que "estamos dispuestos a considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital, extensión y vencimiento del período de gracia que respete las limitaciones que definen lo que es sostenible". "Somos flexibles en términos de combinaciones de parámetros. La esencia es la sostenibilidad", insistió el ministro de Economía.
Hasta el momento, la única contraoferta que llegó a las oficinas oficiales fue la del fondo BlackRock, aunque el gobierno entendió que se encuentra fuera de los límites estipulados. La deuda en juego en esta reestructuración, en la que se buscará evitar caer en el noveno default de la historia argentina, suma unos US$ 66.500 millones: del stock total, es la que corresponde al sector privado y, de ese universo, a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera.
La oferta que presentó Argentina de la mano de Guzmán, acompañado ese día desde Olivos por el presidente Alberto Fernández, por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y gobernadores de la oposición, se resume en tres años de gracia (acortados desde los cuatro iniciales, según contó a Bloomberg este miércoles), y un alivio de la deuda de un 5% en promedio en el capital y un 62% en los intereses.
Los US$ 66.500 millones surgen de sumar los 21 bonos que resultaron elegibles para este canje (de los 23 iniciales quedaron afuera los denominados en yenes). Para estos 21 títulos el gobierno ofrece 10 nuevos bonos: 5 en dólares y 5 en euros, con vencimientos que oscilan en 2030 y 2047, en el de más largo plazo.
Los interés que devengarán los títulos son de manera ascendente y comienzan en 0,5% en 2023, con un cupón promedio de en torno a 2,3%.
Hasta hoy, tanto el gobierno argentino como los bonistas se mostraron totalmente reticentes a la posibilidad de que se cierre un acuerdo, por lo que siempre apareció como lejana la posibilidad de que el 8 de mayo fuera la fecha definitiva.
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