La pugna por las tarifas interbancarias en transferencias electrónicas que aplicaba BancoEstado a algunos actores de la banca privada sigue discutiéndose en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).
A comienzos de diciembre de 2022, Banco BICE presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra de BancoEstado ante TDLC por los daños ocasionados por las mencionadas tarifas. Ello, después que la Corte Suprema dictaminó que los cobros realizados por la firma estatal eran ilegales.
BancoEstado respondió hace unas semanas a las pretensiones de la entidad financiera ligada a la familia Matte y recordó que la sentencia de la Corte Suprema no estableció un abuso de posición dominante en el caso.
La firma estatal sostuvo que para que exista una indemnización debe haber una “sentencia condenatoria previa que declare y sancione el ilícito anticompetitivo denunciado en el proceso infraccional”.
En esta pugna, los abogados de BancoEstado hicieron ver que “no sucede toda vez que no ha existido dicha declaración por parte de la Corte Suprema”.
Apuntaron que “Banco BICE quiso de manera oportunista entender de la sentencia del máximo Tribunal, dándole un alcance distinto y errado a lo que decidió”.
Según BancoEstado, si bien la Suprema reconoció que se ordenó fijar tarifa única en transferencias electrónicas debido a que resultaba contraria a la libre competencia, “no aplicó alguna de las sanciones establecidas”.
Así, el banco estatal señaló que la acción judicial de BICE “se sustenta en una infracción que no ha sido declarada” y que “no existiendo declaración de infracción es imposible que pueda derivarse una indemnización de perjuicios que requiere de manera necesaria su existencia”.
Complementó que “el daño demandado por BICE es inexistente. La Corte Suprema jamás se refirió a un supuesto daño”. Cabe recordar que Banco BICE solicitó una indemnización cercana a los US$ 15,2 millones.
La respuesta de BICE
La defensa de BICE contestó a BancoEstado ante el TDLC y señaló que la compañía estatal “plantea su oculta intención de hacer desaparecer una sentencia jurisdiccional que declaró que incurrió en una grave infracción a la libre competencia -y cuyo cumplimiento debió ser obtenido forzosamente ante este Tribunal-, cuestión que no puede ser amparada por la judicatura y que justifica el mayor reproche”.
En otro escrito, BICE hizo mención que “los perjuicios que se demandan no han sido ni podrían ser traspasados a los clientes de Banco BICE, sino que constituyen costos internalizados, un daño patrimonial evidente y el cual además ha causado perjuicios al mermar su competitividad”.
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