La fintech especializada en la recaudación y dispersión de pagos, ProntoPaga, representada por Evans Concha y Sebastián Salazar, presentó una demanda por posibles infracciones a la libre competencia en el mercado de la adquirencia en contra de Mastercard y Transbank ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Según publicó el documento de la demanda, esto se debe a que ambas empresas han impuesto a ProntoPaga, a través de su denominado programa Payment Intermediary Foreign Exchange Operators (PIFO), cobros injustificados que “entorpecen el procesamiento de pagos realizados a través de tarjetas en favor de comercios ubicados en el extranjero, estableciendo condiciones unilaterales carentes de toda razonabilidad jurídica y/o económica”.
La fintech denunció que el programa no estaría incorporando los criterios de objetividad, generalidad, transparencia y no discriminación, generando condiciones que incrementan asimetrías de información y otras externalidades que restringen el ingreso y/o retardan la expansión de los proveedores de servicios de pago en el mercado de la adquirencia fuera del país.
Asimismo, estimó que, en el caso de consolidarse las restricciones, existirían más de 700.000 transacciones mensuales que se verían afectadas, considerando que Mastercard es una de las principales marcas de tarjetas, lo que impactaría a entidades como Netflix, Spotify o Uber.
Al ser preguntados al respecto, tanto Transbank como Mastercard comentaron que no se refieren a procedimientos legales en curso. Sin embargo, la empresa de tarjetas aseguró a DF que “reafirmamos nuestro compromiso con la libre competencia y creemos en un mercado abierto donde la competencia impulsa la innovación en beneficio de consumidores y empresas”.
Segmentación artificial
Otra de las razones presentadas por la fintech en la demanda es la creación de "una segmentación artificial y anticompetitiva dentro del mercado relevante geográfico”, que, según explicó el socio de Aninat Abogados, Cristián Reyes, implicó que Mastercard pudo denifir "zonas geográficas y, dependiendo de esa clasificación, impone tarifas distintas a los proveedores de servicios de pago, como es ProntoPaga”.
En síntesis, el documento afirmó que las empresas demandadas han implementado una estrategia para explotar su poder de mercado por la vía de incrementar precios e imponer condiciones comerciales aprovechándose de su condición de socio comercial.
Así, la fintech solicitó al tribunal que decrete medidas cautelares de suspensión inmediata de cualquier cobro que pretenda aplicar las demandas del Programa PIFO. Además, se solicitó al tribunal que se sancione a Mastercard y Transbank con una multa fiscal ascendiente a la suma de UTA 60.000 cada una.
Este no es el único caso, ya que de acuerdo con Reyes hay varios proveedores de servicios de pago, como DLocal, PayU, Ebanx, Paygol y PPRO, que han recurrido al TDLC para impugnar el programa PIFO, “obteniendo incluso medidas cautelares que los protegen de su aplicación”.
Mientras que, PorntoPaga no cuenta con esa protección y, en palabras del abogado, se ha visto forzado a pagar tarifas incrementadas hasta en un 89% más de costos.