Los problemas que enfrentan Primus Capital y Factop han puesto una nota de cautela por parte del mercado sobre la industria de factoring, negocio que no está bajo el perímetro de supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), salvo los emisores de valores de oferta pública.
Por definición, el factoring es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a las PYME y consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de créditos y facturas a su favor a cambio de liquidez inmediata, aunque con un descuento.
El abogado y asociado de CMS Carey & Allende, Eugenio Voticky, explicó que “el factoring no se encuentra orgánicamente regulado como actividad financiera, sino que solamente se regulan determinadas actividades sobre las facturas, lo cual no necesariamente representa una desventaja en sí mismo”.
“(Casos Factop y Primus) son motivo de inquietud, ya que existe la posibilidad de que esto afecte la disponibilidad de capital”, dijo Eugenio Voticky.
Sin embargo, la ausencia de regulación puede inhibir su desarrollo. “Esta carencia puede limitar la entrada directa de participantes de mayor envergadura, quienes normalmente, están sujetos a regulaciones más estrictas. Además, la falta de claridad legal y de estándares de cumplimiento establecidos también puede dificultar la generación de confianza en esta esfera”, argumentó.
Regulación
El abogado y socio de Alessandri, José Antonio Cuadra, enfatizó que la regulación a esta industria debe ser integral: “Que vele por la gestión de riesgos y gobiernos corporativos de distintos actores del mercado, ya que existe una cadena que va desde la emisión del valor o instrumento financiero, la asesoría para invertir en el mismo, la intermediación de este y los sistemas en los cuales se transan u ofrecen”, sostuvo.
El senior counsel del estudio Aninat, Cristián Reyes, indicó que “es importante no demonizar al factoring a partir de un caso excepcional. Esta actividad existe hace décadas en Chile y permanentemente ha estado mejorando sus políticas y mecanismos internos, a la par con las normas que le son aplicables”.
Pese a ello, los casos de Primus Capital y Factop “son motivo de inquietud, ya que existe la posibilidad de que esto afecte la disponibilidad de capital en este ámbito, basándose no tanto en los beneficiarios originales del financiamiento, sino en los intermediarios involucrados en la operación de este tipo de instrumentos”, dijo Voticky.
Ley Fintech
Por su parte, el socio de Dentons Chile, Ignacio Pera, destacó que con la entrada en vigencia de la Ley Fintech la factura pasó a tener un estatus legal de instrumento financiero y varias de las actividades relacionadas con su transaccionalidad pasan a ser parte del perímetro de supervisión de la CMF.
“Los esfuerzos regulatorios relacionados a operaciones comerciales que involucren facturas están dirigidos a fortalecer el mercado y la fe pública, mediante la implementación de mayores y mejores controles sobre aquellos prestadores de servicios que, con fondos de terceros, canalizan y ejecutan dichas operaciones. De esta manera se logra cubrir adecuadamente el deber de cuidado que tiene ese tercero con sus clientes”, agregó.
Costos de transacción
Con todo, para Voticky “es esencial mejorar la administración de los conflictos de interés y la gestión de riesgos como parte fundamental. La meta radica en reducir tensiones y riesgos innecesarios, ya que, en la actualidad, la industria opera en un sistema con diversas aristas que acarrean altos costos de transacción”.
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