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Publicado: Jueves 9 de junio de 2022 a las 04:00 hrs.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) introdujo ayer nuevos ajustes a la normativa que fija las exigencias de liquidez para la banca chilena.
Estas regulaciones están en línea con los nuevos estándares de Basilea III y comenzarán con la incorporación del requisito de cumplimiento del indicador NSFR (Net Stable Funding Ratio) o Razón de Financiamiento Estable Neto, cuyo valor deberá alcanzar como mínimo un 60% en junio de 2022 y llegar a 100% en 2026.
Otro cambio es la incorporación de un Proceso de Evaluación de la Adecuación de Liquidez Interna (Ilaap, por su sigla en inglés), homólogo al proceso supervisor para la suficiencia de capital establecido en el marco de Pilar II de Basilea III. Asimismo, se potenció la aceleración de los requisitos de cumplimiento del límite del indicador LCR, llegando a 100% en junio de este año, así como en su fórmula de cálculo y tratamiento de la reserva técnica.
En tanto, también se flexibilizaron las antiguas exigencias de liquidez, relativas a descalces de plazo. Junto con ello, se elimina la información de antiguos indicadores y la información “contractual-sin ajuste”.
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El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.