Quedan menos de 10 meses para que entren en vigor una serie de cambios normativos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que deberán cumplir los intermediarios de valores y corredores de bolsa de productos.
A partir de julio de 2026, estas firmas deberán contar con mayores requisitos de patrimonio mínimo, liquidez y endeudamiento.
La actualización se hará a través de una metodología de activos ponderados por riesgos financieros, operacionales y nuevas garantías. Para definir estas métricas, se establecieron bloques, según el volumen de negocio de cada operador.
En el caso de los intermediarios que cuenten entre 500 y 5 mil clientes activos, transacciones promedio diarias en los últimos 12 meses de entre UF 100 mil ($ 3.950 millones) y UF 500 mil ($ 19.700 millones), e ingresos en ese mismo período de entre UF 25 mil y UF 50 mil, la CMF los clasificó en el bloque dos.
El bloque tres agrupa a las corredoras con más de 5 mil clientes activos, transacciones diarias por sobre las UF 500 mil e ingresos anuales superiores a UF 50 mil.
De acuerdo con la propuesta, estos intermediarios deberán “cumplir con un requisito de patrimonio mínimo calculado como el mayor valor entre UF 5 mil (más de $ 197 millones) y el 3% de los activos ponderados por riesgos financieros y operacionales”.
Adicionalmente, tanto el bloque dos como el tres deberán constituir una garantía de UF 6 mil mediante boleta bancaria o una póliza de seguros por el monto que determine la CMF.
Cabe destacar que aún existe una consulta pública en revisión sobre estas disposiciones.
Beneficios y costos
De acuerdo con la CMF, uno de los objetivos de esta iniciativa es establecer una mayor simetría regulatoria entre los corredores.
Asimismo, un marco de patrimonio mínimo “permitiría mitigar eventos que tengan el potencial de generar riesgos de contagio en todo el sistema financiero”, sostuvo la entidad en su último informe normativo.
Sin embargo, en el mercado advierten que las nuevas exigencias podrían elevar los costos operativos de los intermediarios e incluso acelerar un proceso de consolidación en la industria.
De hecho, la CMF reconoce este riesgo: “Los costos estimados de la propuesta consideran que algunos intermediarios de valores y corredores de bolsa de productos podrían tener que cumplir con requisitos prudenciales más exigentes que los que tenían antes de la modificación legal producto de la Ley Fintech”.
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