La Comisión Europea propuso hoy una
serie de medidas contra la especulación con productos financieros
derivados, coincidiendo con el segundo aniversario de la caída del
banco estadounidense Lehman Brothers.
Las medidas tienen por objeto evitar que el mercado continúe
siendo "un territorio del oeste salvaje" y origine nuevas crisis
financieras, dijo hoy el comisario de Mercado erior y Servicios,
Michel Barnier, al presentar la propuesta.
"La ausencia de todo marco regulador para los derivados
negociados en mercados no organizados (OTC, según sus siglas en
inglés) contribuyó a la crisis", recordó el comisario.
A su juicio, las normas propuestas hoy "introducirán
transparencia" en este mercado para saber "quién está haciendo qué y
quién posee qué", así como para evitar que "una sola quiebra
desestabilice todo el sistema financiero, como ocurrió con el
colapso de Lehman", añadió.
Un derivado es un contrato entre dos partes asociado al valor
futuro de otro activo (como tipos de interés o acciones), que en el
90% de los casos es negociado fuera de los mercados habituales y,
por lo tanto, alejado de la vigilancia de las autoridades.
El volumen de derivados OTC es enorme y en diciembre de 2009
alcanzaba los 615 billones de dólares, aunque antes de la crisis era
un 10% superior.
Para evitar que los reguladores carezcan de una visión global de
lo que sucede en este "opaco" medio, la Comisión propuso hoy
introducir la obligación de registrar cada operación con derivados
en centros de datos, que estarán bajo la responsabilidad de la
futura autoridad europea de supervisión de los mercados (ESMA, según
sus siglas en inglés).
Bruselas también desea que la mayor parte de las operaciones con
derivados se realicen a través de cámaras de compensación
centralizadas, entidades que intermedian en las operaciones y que
responderán ante el riesgo de impagos, por lo que también verán
incrementados los requisitos que deben cumplir, entre ellos de
liquidez.
Bruselas ha sido permeable a una de las peticiones del sector
industrial, por lo que quedarán exentas de esta regulación las
operaciones en las que no esté implicada ninguna firma financiera,
siempre que su volumen no sea tan elevado como para comportar
riesgos.
Por otro lado, dentro del torrente de iniciativas legislativas
destinadas evitar futuras crisis, Bruselas también anunció hoy
medidas para regular las ventas a corto plazo, que consisten en
vender acciones que no se poseen con la expectativa de forzar su
depreciación para poder comprarlas después a menor precio y ganar la
diferencia.
"En tiempos normales, las ventas en corto contribuyen a la
liquidez del mercado y a una fijación de precios eficiente. Pero en
mercados estresados, pueden ampliar las caídas de precios, llevar a
desórdenes y riesgos para el sistema", explicó Barnier.
Según la propuesta de hoy, los inversores deberán especificar las
operaciones que realicen a corto plazo y notificarlas oficialmente a
los reguladores cuando éstas afecten a más del 0,2% del capital de
una compañía. Este requisito de notificación incluirá al resto del
mercado si esta toma de posición alcanza el 0,5% del capital.
Bruselas también ha querido limitar al máximo las ventas al
descubierto, que son una modalidad de las ventas a corto en las que
el inversor ni siquiera alquila los títulos, lo que incrementa el
riesgo de impago.
La CE desea exigir que el inversor los haya alquilado o haya
llegado a algún tipo de acuerdo con un tercer actor para garantizar
su entrega en el plazo máximo de 4 días después de cerrar la
transacción.
Aunque Bruselas ha evitado prohibir las ventas al descubierto de
los seguros contra el impago de deuda (CDS's) para no frenar la
liquidez en los mercados de deuda soberana, el nuevo régimen incluye
la obligación de informar sobre tomas de posición importantes sobre
la deuda de un país, para prevenir los encarecimientos vividos en la
Eurozona durante la crisis griega.
Pero, teniendo en cuenta que "la transparencia por sí sola" es
insuficiente, la norma propuesta hoy también permitirá que
supervisores nacionales puedan prohibir las ventas al descubierto de
acciones y CDS.
Además, en circunstancias excepcionales, este poder recaerá en
ESMA, que deberá comenzar a funcionar en 2011 tras el acuerdo
alcanzado entre el Parlamento Europeo y los veintisiete Estados
miembros de la UE para poner en marcha un nuevo sistema de
supervisión financiera común.
Con la propuesta de hoy, Bruselas también desea evitar que los
Estados miembros actúen por su cuenta, como ocurrió durante la
crisis del euro, cuando una decena de países, entre ellos Alemania,
tomó medidas contra las ventas al descubierto.
De ser respaldadas por el Consejo Europeo y la Eurocámara, las
iniciativas lanzadas hoy entrarían en vigor en la segunda mitad de
2012, un plazo considerado demasiado largo en comparación con las
similares políticas adoptadas en Estados Unidos, en el marco de los
compromisos del G20.