Un intenso trabajo de aproximadamente un año hará la consultora Mercer con la Superintendencia de Pensiones en el marco de la construcción del nuevo régimen de inversiones de los fondos generacionales que estableció la reforma de pensiones y que vienen a reemplazar el actual esquema de cinco multifondos de AFP.
La asesoría de la firma emanará en cuatro informes: el primero en noviembre de 2025, el segundo en enero de 2026, el tercero en marzo y el último en septiembre. Ese documento final incorporará comentarios que se recojan en la fase de consulta al mercado y también, los posteriores ajustes realizados a propuesta original del régimen de inversiones.
Así, la Superintendencia de Pensiones deberá emitir, por medio de resolución, el nuevo régimen de inversión de los fondos en un año más, vale decir, en septiembre de 2026.
Si bien el trabajo que lleve adelante Mercer será clave en la construcción del régimen, no es vinculante. Sin embargo, hay una serie de entidades, además de la Superintendencia que sí tendrán un rol de esta índole. Una de esas instancias será el Consejo Técnico de Inversiones (CTI).
El régimen que se vaya a implementar deberá contar con aprobación de este grupo de expertos. Es más: la nueva normativa no podrá incorporar disposiciones que hayan sido rechazadas por el CTI.
Cómo funciona
El Consejo Técnico de Inversiones (CTI) está compuesto por cinco integrantes, más sus respectivos suplentes.
De esos, un integrante es de designación exclusiva del Presidente de la República, quien ejerce como presidente de la instancia. Ese cupo hoy lo detenta el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
El resto de quienes integran el CTI corresponden a dos personas designadas por el consejo del Banco Central y otros dos profesionales designados por las o los decanos de las facultades de economía de las universidades acreditadas por la Ley N°20.129.
Con la reforma de pensiones se hicieron cambios a la estructura del CTI y el más relevante fue eliminar del consejo al representante que tenían las AFP, aumentando de uno a dos cupos para el Banco Central.
Así, quien representaría a la industria hasta mediados de 2026, Heinrich Lessau, fue reemplazado por José Manuel Garrido, economista de la Universidad de Chile, exgerente de inversión y financiamiento de Corfo y exgerente de análisis y regulación financiera en el instituto emisor.
La otra silla que representan al Banco Central está ocupada por José Miguel Cruz, Ph.D. Engineering Economic Systems de la Universidad de Stanford, EE.UU y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de Chile.
Además, uno de los cupos nombrado por las universidades está en manos de Fernando Mejido, Ph.D. en Administración de Negocios con especialidad en finanzas de la Universidad de Chile. La otra silla de las universidades está vacante y pendiente de nombramiento, según comentó el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en su presentación en el último Chile Day en Londres durante este mes. Es por ello que actualmente el rol es ejercido por el integrante suplente.
La tarea de secretaría técnica la cumple el regulador a través de la jefa de departamento AFP y fondos de pensiones, Daniella Gutiérrez. La funcionaria ejercerá como ministra de fe respecto de las actuaciones, deliberaciones y acuerdos a los que llegue la instancia.
El consejo sesiona con la asistencia de a lo menos tres de sus integrantes; y debe adoptar sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate, dirime la votación quien presida la sesión.
La instancia debe sesionar a lo menos dos veces al año, y cada vez que lo convoque el presidente del CTI o cuando así lo solicite la mayoría de sus integrantes. Asimismo, deberá sesionar cuando lo solicite el superintendente de pensiones.
La remuneración asciende a 17 UTM por cada sesión, con un máximo de 34 UTM al mes. Es decir, entre $1, 17 millones y $2,34 millones.
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