Un nuevo capítulo sumó la disputa judicial que enfrenta a las AFP con la Superintendencia de Pensiones, por las disposiciones contenidas en la Norma de Carácter General N° 354 que, en enero de 2026, emitió el regulador para incrementar los requisitos para la conformación de directorios y equipos de inversión de las gestoras.
Las seis administradoras –menos AFP UNO-, presentaron en febrero un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y ahora decidieron llevar la causa al Tribunal Constitucional (TC), a través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ingresado el 24 de abril.
En esta ocasión, en vez de ir en contra de la norma emitida -como ocurrió con el recurso de protección- las gestoras pusieron el foco en una de las disposiciones de la reforma previsional que le habría dado la facultad al regulador para emitirla y que se encuentra en el artículo N° 67 de la Ley 21.735 de la reforma previsional.
La mencionada disposición indica que la mayoría de los integrantes de los respectivos directorios de las AFP, considerando a titulares y suplentes, deberán acreditar una experiencia acumulada mínima de cinco años en empresas que administren activos por un monto igual o superior a US$ 1.000 millones.
Además, señala que esa experiencia tendrá que ser adquirida en firmas que pertenezcan a una industria financiera regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), o en la administración de fondos de pensiones o de cesantía. Será la misma condición para los equipos de inversiones, salvo para los respectivos gerentes de área, a los que se les exigirán siete años de experiencia.
Sin embargo, lo impugnado por las AFP ante el TC es la frase que cierra esa disposición: “Todo lo anterior, conforme a lo establecido en una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones”.
Argumentos ante el TC
El requerimiento que las AFP ingresaron al Tribunal Constitucional llegó después del informe con que la Superintendencia de Pensiones respondió al recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones.
“El argumento más relevante de la Superintendencia es que la NCG N° 354 habría sido dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 21.735, pues este cuerpo legal incorporó expresamente la obligación de acreditar experiencia en administración de activos conforme a lo establecido en una norma de carácter general dictada por la propia Superintendencia”, señaló el documento de las administradoras.
En ese sentido, indicó que la disposición que se busca impugnar delegaría en el regulador facultades que, según la Constitución, corresponden al legislador, por lo que se le permitió imponer requisitos que afectan el ejercicio de derechos fundamentales a través de normas.
“El precepto legal impugnado permitió a la Superintendencia dictar una norma infralegal, fuertemente restrictiva de los derechos fundamentales, con las cuales se coarta el derecho de las AFP de poder determinar estratégicamente el destino de las compañías”, apuntó.
Ello, indicó, tiene “efectos claros y nocivos respecto de su libertad organizacional interna” para las gestoras.
Suspensión
El 30 de abril, la primera sala del Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento de las AFP.
Al mismo tiempo, y como fue solicitado por las administradoras, ordenó la suspensión de la tramitación del recurso de protección en la Corte de apelaciones, hasta que el TC emita un fallo.
Las AFP son representadas por los abogados de Baker McKenzie, Rodrigo Díaz de Valdés -socio-, y Felipe Soza.
En tanto, la Superintendencia de Pensiones fichó para su defensa a los socios de Gómez García, los constitucionalistas Gastón Gómez y José Francisco García.
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