La campaña presidencial de segunda vuelta entró en su recta final. A menos de 10 días del balotaje del domingo 14 de diciembre, una serie de roces se han desatado entre los dos abanderados que buscan instalarse en La Moneda a partir de marzo de 2026.
Las tensiones se acentuaron aún más esta semana en el debate organizado por Archi entre el candidato de derecha, José Antonio Kast (Republicano), y la carta de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC).
Uno de los temas que los sigue enfrentando es el recorte fiscal de US$ 6 mil millones en 18 meses propuesto por Kast.
“¿De dónde vas a sacar la plata, de la PGU, de la gratuidad, de la salud?”, emplazó Jara a Kast.
En ese marco, la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha estado presente en el debate.
Ante los cuestionamientos, tanto el propio abanderado opositor como su comando han salido a aclarar que “la PGU no se toca”. De hecho, durante la campaña de primera vuelta lanzó el concepto “Te amo PGU”, que incluye un jingle para defender la continuidad de la medida.
Beneficiarios
La PGU fue creada en los últimos meses de la administración Piñera II. La ley N° 21.419 que creó el beneficio se publicó el 29 de enero de 2022 y vino a reforzar el Pilar Solidario nacido en 2008.
Según cifras del Instituto de Previsión Social (IPS) a octubre, el número total de beneficiarios de la PGU llegó a 2.219.209. De esta cifra, casi 1,6 millones correspondió a pensiones contributivas.
Por su cobertura y aportes en cuanto a tasas de reemplazo, la PGU se ha transformado en un alivio a la pobreza en la tercera edad.
Gasto fiscal
Actualmente, el monto de la PGU asciende a $ 224.004 y subió a $ 250 mil para los mayores de 82 años, la primera gradualidad que estableció la reforma de pensiones.
La economista e investigadora de LyD, Ingrid Jones, recordó que el gasto en PGU, sumado a otros beneficios como pensiones de invalidez, equivalen al 2,1% del PIB y a 2050 se estima estará en torno al 3,1%.
“La PGU compromete una cantidad muy relevante de recursos fiscales el que solo aumenta hacia el futuro”, señaló la economista.
Agregó que “era deseable haber vinculado su incremento a $ 250 mil al cumplimiento de ciertos gatillos fiscales que permitieran garantizar con más certeza la disponibilidad de esos recursos”, lo que no se incluyó en la ley.
Jones advirtió que “si no se logra recaudar lo que la ley de cumplimiento tributario espera, el Estado terminará -lo más probable-, endeudándose para cumplir este compromiso”.
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