La Superintendencia de Pensiones informó este jueves que multó a las siete AFP que componen la industria por su responsabilidad en el incumplimiento del pago oportuno por los servicios y prestaciones de los interconsultores que participan del proceso de calificación de invalidez.
Según informó el regulador, se trata de un total de UF 13.136 para las AFP. La mayor sanción recayó sobre ProVida, con UF 3.995. En tanto, Habitat recibió un castigo de UF 2.555; Capital de UF 2.215; PlanVital de UF 1.571; Cuprum con UF 1.140; UNO fue multada con UF 1.070 y finalmente la menor sanción fue para Modelo, con UF 885.
En el caso de esta última, la Superintendencia informó que Modelo fue la única de las siete administradoras que prestó colaboración con la investigación, atendido a que, no obstante presentar descargos, reconoció su responsabilidad en los hechos infraccionales que se le imputaron, "así como las consecuencias de la infracción, dimensionando realmente la magnitud de aquella".
Dado lo anterior, se aplicó un descuento del 40%, del total de la multa que le correspondía.
Origen de la investigación
El proceso de fiscalización se inició el 21 de diciembre de 2023 y se extendió durante todo el año pasado y que derivó en un procedimiento sancionatorio que fijó como fecha de corte de los hechos investigados el 16 de diciembre de 2024.
Así, la Superintendencia de Pensiones resolvió la sanción tras un año de investigación a la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM), entidad mandatada por las siete AFP para la única y exclusiva función de administrar de forma gratuita y sin fines de lucro el trabajo de las Comisiones Médicas Regionales (CMR) y la Comisión Médica Central (CMC).
El registro nacional de interconsultores forma parte del proceso de calificación de invalidez que realizan las CMR y la CMC.
Tras concluir la investigación se determinó que el incumplimiento por parte de las AFP, a través de la FACM, "se tradujo en una falta de pago reiterada y prolongada a los interconsultores que ha afectado de manera directa el procedimiento de calificación de invalidez, aumentando los tiempos de espera y obstaculizando el acceso oportuno a un beneficio de seguridad social destinado a una población especialmente vulnerable, como lo son las personas solicitantes de pensión de invalidez", explicó el regulador previsional.
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