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REGÍSTRATE AQUÍUna semana después de la entrada en vigencia de la primera prohibición general de fumar en recintos públicos cerrados en China, hay escasas señales de que algo haya cambiado. Los clientes fuman tanto como antes en restaurantes, bares, clubes nocturnos y centros de reunión. Los carteles de no fumar, advertencias de dueños, gerentes y personal (todos requerimientos de la ley) apenas son visibles.
Esto no es sorprendente. La nación está atrapada en cigarrillos y cigarros. Un cuarto de los 1.340 millones de personas (la cifra entre los hombres es de unos seis por cada diez) fuma y el número ha cambiado poco. Pocos comprenden los riesgos para la salud. Los fumadores lo llama cultura o tradición. Apuntan a Mao Zedong y Deng Xiaoping, los héroes de China comunista y fumadores seriales que vivieron hasta los 82 y 92 años, respectivamente. Las madres creen que exponer a sus hijos al humo los fortalece. Y hay ingresos para el gobierno. En conjunto, estos factores explican porqué a la prohibición le faltan dientes.
No pueden discutirse los costos sanitarios de fumar o que están subiendo. Las enfermedades vinculadas al cigarrillo matan a casi 1,2 millones de continentales cada año, cifra que podría duplicarse para 2025 y triplicarse para 2050. Las autoridades conocen estos detalles y saben que se necesitan acciones, pero sobre todo, decisión por parte de los dirigentes.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.