El aumento de la criminalidad, la inflación, corrupción y escasez desató en febrero pasado protestas en contra del gobierno de Venezuela. Su reacción fue una violenta represión con más de 30 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos, gran parte estudiantes, alcaldes y líderes opositores como Leopoldo López. Esto sumado a medidas de censura, amedrentamiento a los medios de comunicación no oficialistas y persecución de opositores, como el despojo de la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado, en un marco de un sistema judicial que carece de independencia.
Esta situación ha configurado un grave deterioro de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela, frente a la indiferencia y pasividad de organismos como la OEA y Unasur. La OEA emitió un inocuo comunicado, que como señaló Human Rights Watch en vez de responsabilizar al gobierno venezolano por violaciones de derechos humanos “parece describir la situación en Venezuela como si fuera una catástrofe natural, la censura y la brutalidad de las fuerzas de seguridad”.
Unasur ha respaldado al gobierno de Maduro. En vez de exhortarlo a abordar la grave situación de la democracia y los derechos humanos en su país, ha solidarizado con él, creando a su petición, una comisión integrada por cancilleres de Estados miembros para acompañar y asesorar en un diálogo político, que está resultando ineficaz y funcional a los intereses totalitarios de ese gobierno. Si bien se logró poner en marcha dicho diálogo y las protestas han decrecido, éste se encuentra estancado y las razones que motivaron las protestas siguen vigentes.
Ambas organizaciones han eludido tomar medidas eficaces. Si bien sus instrumentos de protección de la democracia presentan limitaciones cuando ésta es vulnerada por un gobierno elegido constitucionalmente, ellas disponen de herramientas jurídicas que utilizadas con voluntad política y considerando sus principios fundamentales pueden ayudar en la crisis de Venezuela.
La Cláusula Democrática de Unasur es aplicable respecto de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos.
Su Tratado Constitutivo dispone que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”.
Constituyen propósitos y principios de la OEA la promoción y consolidación de la democracia representativa y de los derechos humanos. Estos le permiten adoptar medidas como la convocatoria a una reunión de consulta de cancilleres dado el carácter grave y urgente de la situación venezolana. Asimismo, al secretario general, la Carta de la OEA otorga la facultad de llamar la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente sobre cualquier asunto que no sólo afecte la paz y seguridad del continente sino también el desarrollo de los Estados miembros.
La OEA y Unasur, como sus Estados miembros se encuentran al debe con respecto al pueblo venezolano.
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