Últimamente hemos sido testigos del debate público que se ha generado a consecuencia del proyecto de ley tramitado en el Senado que endurece la Ley del Tabaco. Entre otras cosas, este proyecto de ley establece que la advertencia que todo envase con productos de tabaco debe llevar, acerca de los daños para la salud de las personas, deberá cubrir el 100% de las dos caras principales de los paquetes de cigarrillos o cigarros, bolsas o paquetes con tabaco. La legislación vigente obliga a cubrir solo el 50% del envase. Como consecuencia, ningún envase que contenga tabaco podrá tener en alguna de sus caras principales un nombre, marca, color, figura, o cualquiera otra denominación distintiva que no sea el aviso de advertencia sanitaria. Esto es lo que se conoce como plain packaging.
El plain packaging no es algo nuevo. Hace ya más de 20 años autoridades de salud de países como Nueva Zelanda y Canadá tomaron algunas iniciativas a este respecto, pero nada que finalmente se convirtiera en una exigencia legal. El primer país que sí lo hizo es Australia cuando en el año 2011 puso en vigencia leyes y reglamentos aplicables a la venta al por menor de cigarrillos, puros y otros productos de tabaco sobre empaquetado genérico y desincentivo al consumo. Aparentemente, ahora serían Chile e Irlanda los segundos o terceros.
Entre otras medidas, lo que Australia hizo con el empaquetado fue prohibir la exhibición de características figurativas o de diseño, exigir que los nombres de la marcas figuren solo en la parte frontal superior e inferior de los paquetes regulando el tipo, tamaño y ubicación de las letras y prescribir un cierto acabado y color para este empaquetado. También estableció que los cigarrillos sueltos no pueden exhibir marcas de fábrica, comerciales ni indicaciones geográficas de ningún tipo y fijó un cierto tamaño, forma y material para los paquetes de cigarrillos. La reacción de algunos países en que la producción y comercialización de tabaco y productos de tabaco son relevantes o intensivas no se hizo esperar.
En marzo del 2012, Ucrania activó el mecanismo de solución de diferencias comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), alegando que esta nueva legislación y las medidas que impone parecen ser incompatibles con varias de las obligaciones que corresponden a Australia como miembro de la OMC en virtud de los acuerdos multilaterales en materia de derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio, obstáculos técnicos al comercio y normas generales del comercio de mercancías. Lo que hizo Ucrania fue solicitarle al gobierno de Australia la celebración de consultas lo cual constituye la primera etapa de este mecanismo. Luego vinieron las solicitudes de consultas de Honduras (abril 2012), de República Dominicana (julio de 2012), de Cuba (mayo de 2013) y de Indonesia (septiembre de 2013). Todos reclaman las mismas posibles incompatibilidades.
Las consultas no solucionaron la diferencia comercial y todos los países reclamantes pidieron el establecimiento de un grupo especial o panel para resolverla. Recién en mayo de este año se designaron los panelistas y aún falta bastante para que el proceso llegue a término. Hay que seguir este caso porque su fallo final será un precedente con impacto mundial acerca de la primacía o el balance entre la legitimidad del plain packaging como política de salud pública para proteger la vida y salud de las personas y ciertas obligaciones relacionadas con el comercio internacional.
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