Hace ya un poco más de dos semanas se presentó el comentado proyecto de ley que busca acabar con el lucro, copago y la selección; sin embargo, poco hemos podido saber de éste porque, por lo menos, hasta antes de que esta columna fuera escrita, todavía no ha sido entregado a la opinión pública. En cualquier caso, y dado que en Chile tenemos buenos periodistas, hemos podido acceder a parte de ese contenido a través de algunos medios.
En el debate se ha dicho que la Selección Por Proyecto Educativo (SPPE), es decir la capacidad que tienen los colegios de elegir las familias que tienen interés explícito por fomentar un determinado proyecto educacional, es en sí misma perjudicial porque genera discriminación arbitraria, ataca directamente la pluralidad del sistema educativo, aumenta la segregación y por lo tanto es culpable en parte de la falta de cohesión social.
Desde IdeaPaís pretendemos a través de esta columna esclarecer algunas de estas aseveraciones, pensando en así contribuir a fortalecer el argumento a favor de este tipo de selección.
En primer lugar creemos que efectivamente ha habido casos en los cuales la SPPE ha servido como escudo para algunas discriminaciones arbitrarias. Luego, buscando poner atajo a este problema, proponemos que se transparenten los criterios de admisión y se establezcan algunas precisiones de lo que se puede solicitar, es decir hacer cumplir el artículo 14 y hacer algunas modificaciones al artículo 13 de la LGE respectivamente.
Ahora bien, abogando por la pluralidad del sistema educativo, consideramos que la SPPE -a diferencia de lo que se ha planteado- contribuye a que exista una efectiva diversidad de proyectos, esto porque si podemos identificar previamente a aquellas familias que están más identificadas con ese proyecto, serán estas mismas las que velarán por la fidelidad de éste en su identidad, lo que fomentará el fortalecimiento de esa línea de pensamiento.
Importante también porque está demostrado –en la evidencia sobre las escuelas efectivas–, y el sentido común también lo sugiere así, que las comunidades más comprometidas con el proyecto educativo ayudarán a que los alumnos tengan mejores resultados y, por ende, el colegio aumente su calidad en su sentido amplio.
Por su parte, ¿qué ha propuesto el gobierno como alternativa?
Los apoderados, al momento de ingresar a la escuela, deberán firmar un compromiso donde manifiestan su adhesión al proyecto educativo, lo cual se asemeja bastante al botón de “Acepto las condiciones” al que cualquiera haría clic cuando está a punto de crear una nueva cuenta de correo electrónico o red social.
Sostenemos que, en este sentido, el gobierno comete un error reduciendo la identificación de los padres con el proyecto educativo a una simple declaración de voluntad, dado que, como se dijo antes, se espera de los padres un rol proactivo y colaborativo en la educación de sus hijos. De hecho y en el fondo, las escuelas no son más que un conjunto de familias que buscan educar a sus hijos en un proyecto educativo.
En suma, si realmente creemos que la diversidad es un valor social y que la calidad es un atributo deseable para nuestro sistema educativo escolar, debemos sin duda apoyar que exista SPPE y promover desde el Estado la creación y proliferación de establecimientos que reflejen la identidad nacional y valoren el aporte de los padres en el proceso de formación de nuestros futuros ciudadanos.
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